Autor: Pablo Simón Cosano

Es conocido que muchos de los problemas de corrupción en España están conectados con los ayuntamientos y, más concretamente, con la gestión del urbanismo. Aunque el tema de más actualidad es la financiación ilegal de los partidos políticos, durante el periodo de la burbuja inmobiliaria ha habido innumerables casos de corrupción a nivel local. Según el informe “Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España”, alrededor del 8% de los municipios españoles se han visto envueltos en algún tipo de escándalo de este tipo, especialmente los emplazados en las islas y la costa mediterránea.

“Aunque en casi todos los países existe sanción electoral por los casos de corrupción, en España suele ser baja”

En general sabemos que la corrupción tiene efectos perversos para un país: hace que las instituciones funcionen peor, erosiona el capital social y conlleva importantes ineficiencias económicas. De acuerdo con esta lógica se debería esperar que hubiera un castigo electoral para los alcaldes y partidos que se involucran en prácticas corruptas. Los ciudadanos, en las elecciones, harían a los gobiernos responsables por sus acciones pasadas. Sin embargo, como se muestra en el estudio de Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez centrado en casos de corrupción municipal en Andalucía y Valencia (2003 -2007), esto no es así. En la mayoría de los casos los imputados por corrupción vuelven a ser reelegidos.

Esta conclusión es relativamente pesimista respecto a la vigilancia ciudadana de la corrupción. Aunque en casi todos los países existe sanción electoral por los casos de corrupción, en España suele ser baja. En un trabajo experimental de Jordi Muñoz, Eva Anduiza y Aina Gallego se buscan razones para este fenómeno. La primera es la existencia de una aproximación ideológica a los escándalos de corrupción, que sumada a unos medios partidistas y polarizados, implicaría no darle credibilidad a los escándalos que afectan a los partidos propios pero sí a los del “rival”. La segunda se conecta con el cinismo político, por el cual todos los partidos son vistos como igualmente corruptos y, por lo tanto, los ciudadanos no castigan este comportamiento ante la creencia de que toda la oferta electoral es semejante.

“Los ciudadanos están dispuestos a ser indulgentes con la corrupción en las urnas porque, indirectamente, reciben un beneficio de la misma”

Más indulgentes con la corrupción cuando se recibe beneficio de ella

Por último, el tercero de los argumentos es la conocida como teoría del intercambio implícito, la cual conecta mucho más con el nivel local. Según esta idea los ciudadanos están dispuestos a ser indulgentes con la corrupción en las urnas porque, indirectamente, reciben un beneficio de la misma. Esta idea está muy relacionada con el establecimiento de redes clientelares y, en particular, con aquellos casos de corrupción que implican importantes beneficios para las economías locales. Supone el reconocimiento implícito por parte de los votantes de que no existe una coincidencia entre la eficiencia económica en el corto plazo y el cumplimiento de la legalidad.

Esta idea ha sido planteada de manera bastante pormenorizada en un artículo de Pablo Fernández, Pablo Barberá y Gonzalo Rivero. Su estudio se centra en la suerte electoral de los alcaldes de 75 municipios con algún tipo de escándalo de corrupción distinguiendo entre dos tipos. Por un lado, aquella corrupción que supone una ganancia individualizada para el alcalde como son la malversación de fondos, la contratación ilegal o el soborno. Y por el otro lado, aquella corrupción que puede generar beneficios o externalidades positivas en el corto plazo para economía local, como es la violación de leyes medioambientales o la autorización de construcción en suelo no urbanizable.

De acuerdo con sus resultados, aquellos alcaldes que fueron corruptos pero realizaron actividades de recalificación o especulación urbanística perdieron solo un 2% voto en promedio mientras que los que se implicaron en prácticas que les reportaban un beneficio estrictamente individual perdieron sobre el 4%. Esta evidencia apunta cómo el urbanismo se ha convertido en un elemento clave para entender el grado de impunidad electoral de la corrupción. Ello, unido al desarrollo de redes clientelares para la financiación de estas actividades, está detrás de muchos de los principales escándalos de corrupción en nuestro país. Parece razonable pensar que con la crisis económica esta impunidad puede haberse relajado ante la ausencia de rentas a repartir pero lo esencial del modelo que ha permitido y permite la corrupción urbanística no ha sido anulado.

“A la hora de proponer medidas para reducir la corrupción es importante tener en cuenta que no parece que los votantes tengan demasiados incentivos para la corrupción”

Establecer sistemas de control horizontal

Por lo tanto, a la hora de proponer medidas para reducir la corrupción es importante tener en cuenta que no parece que los votantes tengan demasiados incentivos para la corrupción. Las medidas conectadas con un control ciudadano-político pueden tener una eficacia limitada. Por ejemplo, se habla de listas abiertas como una receta fácil e intuitiva contra la corrupción: se podría sancionar más fácilmente al corrupto si se lo pudiera castigar individualizadamente. Sin embargo, la evidencia académica no está nada clara en este sentido. Es más, si pensamos en la corrupción local como ligada a actividades urbanísticas con externalidades positivas para los votantes, los corruptos podrían continuar siendo reelegidos bajo cualquier sistema de listas. Sobreestimar su influencia sería un error.

Por el contrario los expertos han centrado más su atención en el establecimiento de sistemas de control horizontal de la corrupción, es decir, en habilitar sistemas de pesos y contrapesos que permitan la prevención de estos comportamientos. Es evidente que en el plano urbanístico, por más que existan sanciones severas, el daño causado por una mala práctica es muy difícil de solventar. De aquí que sea preferible enfatizar propuestas de detección temprana de la corrupción para evitar que se produzca, por más que implique ir a la contra de una opinión pública que pone más el acento en la sanción penal y la regulación.

Uno de los elementos que más fuertemente se asocian con la corrupción política es el grado de discrecionalidad que tienen los políticos en el control de las administraciones. Victor Lapuente ha demostrado en diferentes estudios que una fuerte politización de la administración, en la que el alcalde dispone de amplio margen para nombramiento de cargos o establecer contratos, se asocian con mayores índices de corrupción. El caso de los ayuntamientos españoles se parece bastante a este extremo y facilita la construcción de redes clientelares. Por lo tanto, una primera medida que busque reducir la corrupción debería dirigirse a reducir esta politización administrativa.

“Lejos de un mal cultural, la corrupción en España se puede atacar de manera efectiva con un diseño institucional que haga más difícil que se produzca”

 Reforzar el papel de los secretarios e interventores

No faltan modelos en este sentido. Por ejemplo, en la mayoría de países europeos se emplea un sistema por el cual los cargos electos tienen capacidad de legislar pero la ejecución queda en manos de un directivo profesional nombrado por mayoría cualificada y con un ciclo que no coincide con elecciones. Al quitar las atribuciones de contratación e implementación al cargo público estas redes de intereses quedan condenadas a desaparecer. Una medida complementaria que se ha sugerido, aunque más polémica, es la co-participación en esta materia de diferentes niveles administrativos (en especial el autonómico) para aumentar los controles.

Otra de las propuestas de control horizontal, como la de José Manuel Urquiza, habla de reforzar el papel de secretarios e interventores municipales en el control de los alcaldes. La idea es que aumentando su independencia y coparticipación en la toma de decisiones, en especial en la contratación, se podría generar un efecto similar al comentado anteriormente. Del mismo modo estos funcionarios podrían servir como mecanismo de alerta temprana ante actuaciones sospechosas, elevando quejas ante señales de irregularidad siempre que se les diera la cobertura necesaria para mantener su identidad temporalmente en secreto mientras se realiza la investigación.

En un informe para la fundación “Alternativas” se ha comentado que la fusión de municipios pequeños no solo sería más eficiente desde el punto de vista económico sino también permitiría un mayor control de la corrupción. Como Rivero y Fernández-Vázquez argumentan, haría más difícil la formación de redes clientelares al haber más ciudadanos, permitiría disponer de profesionales de mayor cualificación técnica que la impidiera y daría pie a que, al haber más partidos políticos y una oposición más preparada, la tarea fiscalizadora de la corrupción también fuera mayor.

Reforzar el rol de los medios en la denuncia

Resulta fundamental, por otra parte, una mayor simplificación de la jurisdicción contencioso-administrativa dado que funciona con gran lentitud e ineficiencia. Se requiere una simplificación normativa. Por último las actuaciones penales también pueden reforzarse si bien se trata del último mecanismo ante el fracaso de todos los demás. La dotación de más medios humanos y físicos parece necesaria. Del mismo modo, un incremento de las penas, impedir la prescripción de estos delitos o una nueva ley de plazos procesales podría ser razonable.

Por supuesto, todas las actuaciones que vayan encaminadas a aumentar la transparencia de las administraciones públicas serán positivas, incluyendo a la ley de financiación de partidos. En todo caso, dado que este control se realiza principalmente desde los medios de comunicación, el politólogo Jordi Muñoz ha incidido en que es necesario reforzar su rol en la denuncia de corrupción. Romper el alineamiento entre medios y partidos con una despolitización de los medios públicos y no permitir las ayudas públicas a medios privados – por ejemplo vía campañas institucionales – irían en este sentido.

No existen medidas mágicas para solventar los problemas de corrupción. Ahora bien, creo que lejos de centrarnos en el último recurso frente a ella -la sanción penal- es imperativo que nos preguntemos cuáles son sus causas y, más concretamente, cómo podemos acabar con los incentivos que existen en nuestro sistema político para que se produzca. Lejos de un mal cultural, la corrupción en España se puede atacar de manera efectiva con un diseño institucional que haga más difícil que se produzca.

Pablo Simón Cosano

Politólogo de vocación y formación. Doctor en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra, su principal área de especialización son los sistemas electorales tanto en sus causas y consecuencias. También está interesado en otros temas como la política comparada, los sistemas de partidos y las dinámicas de competición electoral. Actualmente vive en Barcelona, donde ejerce de investigador y profesor en la UPF a la par que desarrolla tareas divulgativas fuera de la academia. Colaborador de la Fundación ALTERNATIVA.

FUENTE: http://www.theeconomyjournal.com/es/notices/2013/02/-con-la-corrupcion-mas-vale-prevenir-que-curar-66692.php

La realidad de las Alcaldías en España respecto a la corrupción institucional, es casi exactamente la misma que en este rincón del Chaco.  Describe perfectamente como se ha construido la estructura de poder de los últimos 20 años de la Alcaldía en Camiri, ese fuerte caudillismo que trasluce, no es otra cosa (dice el autor) que una fuerte politización de la administración que no es otra cosa que disponer de un amplio margen para colocar “a dedo” a su gente en los cargos y establecer contratos a placer; así es cuando los índices de corrupción son de los más altos. Y todos sabemos que esto es así en nuestro Municipio, o no?

También da respuestas sobre el aparente “nomeimportismo” o apatía del Camireño y porque una mayoría de Camireños pese a saber el grado de corrupción que tiene un candidato, estarían dispuestos a volver a votar por él, que tal?  Y estoy seguro que esto se cumpliría.  Porque la corrupción afecta a casi toda la sociedad de Camiri a través de la maraña de redes clientelares construida pacientemente en casi 20 años. Es o no es así?

De las soluciones que propone, aquí también la sugerimos en diferentes post, pero la que mas me llamó la atención fue que el Control Social debería ser autónomo, tener suficientes recursos como para fiscalizar con expertos, abogados e incluso dar protección a los denunciantes de corrupción. Es decir un verdadero Control Social efectivo y con mucho poder. No es el caso de nuestro famoso y nunca bien ponderado Comité de Vigilancia que desde su creación parece otro brazo operativo y servil a los intereses del Alcalde de turno. Este fenómeno de corrupción y cooptación de los Comités de Vigilancia ocurrió no solo en Camiri y fue precisamente por ello que se los eliminó para mejorarlos.  En la práctica esto no está sucediendo, los Alcaldes están procediendo solo a cambiar de nombre a los Comités de Vigilancia por el de Control Social para seguir manteniendo el control. Es así o no es así?  También da a entender que los presidentes de los Controles Sociales deberían tener una duración de gestión similar o mayor a la del Alcalde electo, lo cual me parece coherente si se establece muy bien los controles internos. Habrá que tomar en cuenta.

Respecto a la relación de la corrupción Alcaldía-medios de comunicación, tampoco no se equivoca, de ahí surgió la frase acuñada localmente sobre “la Prensa Municipal” ó los que trabajan para el Alcalde o el Municipio. Las soluciones que propone implica mas interrogantes, porque los dueños y periodistas de radio y Tv prácticamente viven de las campañas y contratos publicitarios del Municipio. Cómo resolvemos esto y tenemos un periodismo al servicio de la comunidad y no de intereses del caudillo Municipal?

Bueno, ya sabemos y conocemos la situación de la realidad política en Camiri o por lo menos es en mi opinión la descripción mas cercana, ahora que hacemos? Xel

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