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¿Boomerang Lava Jato? Investigación afecta al juez que condenó a Lula

A mi no me queda ninguna duda sobre un futuro similar en Bolivia en caso de que algún ‘vende patria’ títere del imperio genocida gringo vuelva al gobierno.  Harán una persecución feroz y despiadada contra sus opositores (MAS, mov. sociales), sin que importe nada, al igual que en Brasil con el juez Moro, aquí son capaces de eso y de mucho más para incriminar a Evo Morales.

El caso terrorismo ocurrido en Santa Cruz, expone con claridad las debilidades de nuestra justicia y la impunidad y poder que tiene la oligarquía en Bolivia, no pueden hacerles nada, hasta hoy.  Ya podrán imaginarse lo que harán cuando estén en el poder. Si pudieron rifar (capitalizar) y destruir el país una vez, claro que lo volverán a hacer.

Xel

Julio 13, año 84 DFC (Felicidades por otro año Camiri 🙂

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Es la hija del general Bachelet. Nada más

La hija del general Bachelet (© REUTERS / Chris Wattie)

Prudente silencio hice ante el anuncio de la visita a Venezuela de Michelle Bachelet en su condición de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A pesar que tuve el natural impulso de escribir sobre el tema dado los antecedentes políticos de la funcionaria internacional, me abstuve por respeto a muchos amigos en el país y el exterior que forjaron expectativas a partir de la supuesta honorabilidad y respetabilidad de la susodicha, lo cual auguraba neutralidad e imparcialidad en el informe que habría de elaborar.

Es menester decir que, como hijo de un hombre que fue preso y torturado en democracia en Venezuela y en dictadura en Chile, que además tengo decenas de amigos y amigas que pasaron por la prisión, la tortura y la desaparición forzada en varios países de la región, repudio y rechazo la práctica de violación de los derechos humanos venga de donde venga. La alta comisionada, la autoridad superior en esta materia en el mundo, debería también observar esta compostura en el cumplimiento de sus responsabilidades.

De esta manera, no me voy a referir al informe que hizo, el cual ni siquiera voy a leer, pero, como le dije a todos los que quisieron escucharlo, ese informe estaba hecho antes que Bachelet llegara a Caracas, agregando el hecho que, dada la trayectoria de la mencionada funcionaria, muy probablemente el mismo había sido elaborado en Washington.

Hoy, eso ha quedado demostrado cuando el Gobierno de Venezuela ha dicho que el 82% de los datos del informe provienen de fuera del país. Tengo serias dudas de que ese trabajo haya podido hacerse después del viaje de la comisionada a Caracas. No, ya estaba elaborado.

Es decir, no se trata de si el informe dice o no dice la verdad, sino de cuánta veracidad pueda tener un reporte de una oficina que tiene una pésima reputación y de una funcionaria que carece de credibilidad en materia de derechos humanos dadas las continuas violaciones de los mismos mientras fue presidenta de Chile, sobre todo en la brutal represión al pueblo mapuche.

Otros argumentaban que nada podría ser peor en materia de lealtades imperiales que las del antecesor de Bachelet en tal responsabilidad, el príncipe jordano Zeid Raad Hussein, de conocida subordinación a Washington, donde hizo una larga pasantía como embajador de Jordania primero y representante de su país en la ONU posteriormente.

Pero, como dice un sabio dicho popular en Venezuela “deseos no empreñan”, me impresionó la inocencia de tantas personas que todavía tienen a Bachelet como un adalid de los derechos humanos cuando su impronta muestra todo lo contrario.

Parece increíble que alguien pueda pensar que Bachelet pueda ser imparcial respecto de Venezuela cuando ella fue activa y entusiasta fundadora del grupo de Lima, un anexo de la OEA creado para propiciar el derrocamiento del Gobierno venezolano. En el colmo de la desfachatez, en algún momento, cuando se le inquirió sobre tal asunto, echó toda la culpa de sus actuaciones en esta materia a su canciller, Heraldo Muñoz, a quien según dijo “no puedo controlar”.

Fiel a esa forma de actuar y pensar, una vez más Bachelet le ha hecho asumir la responsabilidad sobre el actuar de su oficina a los funcionarios colocados en sus puestos “por mi antecesor” a los que supuestamente tampoco puede controlar.

Bachelet es de esos extraños personajes que en política podrían caracterizarse de “extremo centro”, es decir, no opinan, no se comprometen, dejan hacer, echan la culpa a otros y no asumen responsabilidades, al parecer características afines a la política chilena si nos atenemos a que dos veces fue elegida presidenta de la nación austral, pero tal identidad en ella no es natural, es asumida concientemente por instrucciones superiores que estudiaron su perfil y entendieron que era esa la forma más adecuada para colocarla en las más altas instancias de Gobierno.

En junio de 2014, cuando Zeid Raad Hussein fue elegido para el cargo, los abogados especialistas en derechos humanos Javier El-Hage y Roberto González escribieron un artículo en el periódico madrileño El País en el que al describir esa responsabilidad dentro de la estructura de la ONU decían que: “…hasta ahora las acciones del alto comisionado han sido en el mejor de los casos tímidas, por lo general carentes de norte democrático y a veces incluso reñidas con los ideales que persigue. Esto se debe a que la OACDH sufre, aunque en menor medida, del mismo problema estructural que padecen otros órganos de la ONU como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos, cuyos pronunciamientos y acciones concretas están altamente influenciados por dictaduras con poder de veto y membrecía mayoritaria”.

Si nos atenemos al historial de los dos últimos altos comisionados, estas opiniones resultan ampliamente atinadas.

En el caso de Michelle Bachelet, después de ser una insignificante militante política en el partido socialista de Chile, según un artículo publicado en el desaparecido periódico santiaguino La Nación, el 16 de enero de 2006, se marchó a Estados Unidos a cursar “…un diplomado sobre estrategia militar en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) al que asistieron doce alumnos: seis oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y seis civiles donde, por su buen rendimiento, obtuvo el primer lugar de la promoción, y gracias al patrocinio de la Beca Presidente de la República continuó en 1997 un curso superior sobre defensa continental en el Colegio Interamericano de Defensa, ubicado en Washington DC, Estados Unidos. A su regreso en 1998, Bachelet trabajó un año como asesora del Ministerio de Defensa Nacional”.

Curiosamente, a partir de ese momento inició su fulgurante despegue político que la llevó —en tan solo 8 años— a ser elegida presidenta de Chile. Todo indica que difícilmente ha podido desprenderse de la tutoría que el Pentágono ha ejercido en ella.

Según la organización Mapuche Meli Wixan Mapu, en octubre de 2018 había en Chile 20 presos políticos mapuche injustamente condenados por la Ley Antiterrorista aprobada en ese país el 16 de mayo de 1984, cuando no había Parlamento durante la dictadura de Pinochet. Bachelet no hizo nada por eliminarla en sus dos Gobiernos, al contrario, profundizó la represión contra el pueblo mapuche durante sus dos gestiones.

Hay que decir que desde 2001, durante los Gobiernos de la posdictadura, en la mayoría de los cuales participó el partido de Michelle Bachelet, fueron asesinados 19 mapuche, de ellos dos, Johnny Cariqueo Yáñez en 2008 y Jaime Facundo Mendoza Collío en 2009, fueron exterminados durante el primer Gobierno de Bachelet. Luego, dos más, José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil en 2014 y Víctor Manuel Mendoza Collío en 2014, lo fueron en el segundo Gobierno de la ahora funcionaria internacional, sin que ella hiciera absolutamente nada por aclarar los homicidios.

Estos hechos hacen que Michelle Bachelet sea considerada como una feroz represora por parte del pueblo mapuche. Desde su llegada al Gobierno en 2006, ordenó la represión a comuneros y comuneras mapuche de la localidad de Quepe, de la Comuna de Freire, en la región de la Araucanía, que protestaban por la instalación de un aeropuerto en ancestrales territorios mapuche usurpados por la fuerza a sus legítimos propietarios. En agosto de ese año, fue asesinado Juan Lorenzo Collihuin Catril, de 71 años, su asesino: un sargento de carabineros que fue absuelto del caso por la Fiscalía Militar.

El 30 de octubre de 2007, Juan Patricio Queipul Millanao, de solo 13 años de edad, fue herido en el tórax por 6 disparos hechos por Carabineros con sus escopetas antimotines.

El 3 de enero de 2008, fue asesinado por la espalda Matías Catrileo Quezada, de 22 años, por el cabo 2° de carabineros, Walter Ramírez, sin que las autoridades realizaran investigación alguna para hacer justicia. El día 30 de ese mes de enero, Patricia Troncoso, quien se encontraba en huelga de hambre por 112 días tras ser condenada junto a otros comuneros mapuche a 10 años y 1 día bajo la ley antiterrorista de Pinochet que sigue imperando en Chile, concluyó su ayuno.

La noticia habría pasado inadvertida sino hubiera sido porque, acompañada por la madre de Matías Catrileo, le escribió una carta a Bachelet en la que le decía: “Yo quiero preguntarle(…) Usted que fue prisionera política, que fue torturada, siente hoy el placer de torturarnos a nosotros. ¿Qué siente usted señora presidenta? (…) ¡Qué lástima que usted se haya olvidado de todo lo que significa la prisión política y la muerte de tantos seres! Usted, con la actitud soberbia de su Gobierno, de sus representantes, hoy en día nos torturan condenándonos a una muerte silenciosa”.

En otro ámbito, durante la realización en agosto de 2007 de protestas convocadas por organizaciones sindicales descontentas con la política neoliberal de Bachelet, la represión ordenada por ésta dejó unos 50 heridos y 372 detenidos. Los actos estuvieron acompañados de incidentes debido a la fuerte acción de la policía.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, llamó al Gobierno a analizar la violencia, a su juicio “inusitada”, con que actuó la policía. La jornada comenzó cuando miles de manifestantes que salieron pacíficamente a las calles fueron reprimidos con fuerza por carabineros, que detuvieron en pocas horas a un centenar de personas.

Continuando con su política de represión al movimiento popular, durante los primeros meses del año 2008, en las ciudades más importantes del país, los estudiantes secundarios y universitarios desarrollaron movilizaciones exigiendo la derogación definitiva del marco legal de educación creado por la dictadura.

La respuesta del Gobierno de Bachelet fue ponerse de acuerdo con los partidos pinochetistas para aprobar una nueva ley que en los sustancial dejaba todo igual, toda vez que no modificaba su carácter neoliberal y perpetuaba el beneficio de los que lucran con la educación en Chile. Para ello, Bachelet jugó el papel de articuladora entre las partidos de derecha que estaban dentro y fuera del Gobierno: Democracia Cristiana y los pinochetistas Renovación Nacional (RN) y Unión Democrática Independiente (UDI) en la oposición, así como con la desprestigiada y mafiosa Iglesia católica, el Opus Dei y otros actores que se han enriquecido con la educación en el país.

Mientras tanto, la presidenta ordenó reprimir con dureza las movilizaciones estudiantiles a fin de ablandar a los líderes, para cooptarlos y desarticular el movimiento, lo cual fue de alguna manera logrado. En el camino, las fuerzas represivas bacheletistas agredieron brutalmente a un periodista que reportaba los hechos.

Vale la pena recordar también que a finales de diciembre de 2010, un cable de WikiLeaks hizo público que un documento obtenido de la Embajada de Estados Unidos en Chile fechado el 7 de febrero de 2008 afirmaba que la entonces expresidenta Bachelet había pedido apoyo de inteligencia a Estados Unidos para dar seguimiento a la “radicalización” del conflicto mapuche y sus posibles contactos con “otros grupos terroristas extranjeros”.

Con ello, Bachelet mostraba ya no solo su talante represivo, también permitió constatar su verdadera identificación nacional al estar dispuesta a ceder la soberanía de Chile autorizando al Gobierno de una potencia extranjera a inmiscuirse en los asuntos internos del país, a fin de reprimir a un pueblo que lucha por sus legítimas demandas.

En fechas más cercanas, ya durante su segundo Gobierno, la organización proestadounidense Amnistía Internacional, ante la desfachatez por el desconocimiento del Estado chileno de los derechos humanos, se vio obligada a recomendar al Estado de Chile una serie de políticas en favor del respeto de los derechos humanos.

Precisamente, hicieron mención a la aplicación de la Ley Antiterrorista. En este sentido, la secretaría general de esa organización, Irene Khan, afirmó en 2008 que: “Los pueblos indígenas son muy discriminados y marginados en Chile, y se ven a sí mismos como víctimas de una estrategia económica que está destruyendo su vida y su sustento”.

A este respecto, Hernando Silva, coordinador jurídico del Observatorio Ciudadano, al referirse a la aplicación de esta ley en los gobiernos de la posdictadura dijo que : “La criminalización de la protesta social indígena, que ha sido un fenómeno que surgió principalmente durante el Gobierno de Ricardo Lagos, fue una tónica que se repitió durante el Gobierno de Michelle Bachelet, por cuanto se utilizaron figuras penales excepcionales para desvirtuar los procesos de reivindicación de derechos de las comunidades mapuche”.

El tiempo transcurrió y el olvido se hizo eco del pueblo chileno que reeligió a Bachelet en 2014 para un nuevo período presidencial de cuatro años. Uno de sus planes emblemáticos fue una vez más la represión del pueblo mapuche. Para esto diseñó la denominada Operación Huracán, que configuró acciones nunca antes vistas, ni siquiera en tiempos de la dictadura. La disposición de montajes de operaciones de falsa bandera al más puro estilo del Gobierno colombiano de Álvaro Uribe, que condujo a acusaciones de líderes mapuche para justificar la más brutal represión contra ellos, fue el sello más importante de este segundo Gobierno de Bachelet.

El funcionario que dirigió las operaciones, alto dirigente del partido socialista de Chile, realizó reuniones con autoridades judiciales, policiales, con fiscales y abogados para construir una trama a objeto de criminalizar a los líderes mapuche. En lo más alto de la cúpula de este criminal entramado se encontraba el ministro del interior y la propia presidenta Bachelet, tal como lo denunció Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular en declaraciones a la Radio de la Universidad de Chile.

Román afirmó que Bachelet no había sido afectada porque estaba protegida por “los ricos, los poderosos y los medios”, recordando además que “una de las ofertas de campaña de Bachelet para llegar al ejecutivo fue la no aplicación de la Ley Antiterrorista”, pero “lejos de no aplicarla, ha invertido cuantiosos recursos para condenar a los peñis [hermanos en mapudungun, la lengua mapuche] sobre conductas terroristas”.

Continuando con su estela de represión, en septiembre de 2016, la lideresa mapuche Juana Calfunao fue condenada a 5 años de cárcel por negarse a aceptar la construcción de un camino que pasaba por su propiedad. Desde hace más de 20 años, la comunidad Juan Paillalef, a la que pertenece la lonko [jefe/a de una comunidad mapuche] mantiene un conflicto con el Estado debido a que se opone a la ruta trazada para tal vía que “dividiría a su comunidad y destruiría espacios sagrados donde se realizan ceremonias y rogativas, y además, su construcción no ha sido consultada de forma previa, libre e informada como lo determina el Convenio 169 de la OIT” según un reporte del portal digital chileno eldesconcierto.cl.

En marzo de 2011, Calfunao encaró a la expresidenta Michelle Bachelet en el Parlamento Europeo en Bruselas por la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Bachelet siempre guardó silencio como presidenta y lo sigue haciendo en su nueva función de proteger a los amigos de Estados Unidos desde la ONU, mientras utiliza su cargo para atacar a los que lo adversan, actuando de la manera servil y rastrera que la caracteriza.

Incluso, inmersa en una patología conocida como Síndrome de Estocolmo, se ha encargado de proteger a los militares incursos en la violación de derechos humano durante la dictadura no moviendo un dedo para que fueran eliminadas las cárceles cinco estrellas donde asesinos, violadores y torturadores pasan su maravillosa existencia en condiciones materiales óptimas. Es de suponer que esto también sea parte del acuerdo con el Pentágono, toda vez que hasta Sebastián Piñera, sin haber cambiado mucho, ha tomado medidas en este ámbito.

Así, en el desempeño de su más reciente responsabilidad, Bachelet guarda absoluto silencio frente a las brutales violaciones de derechos humanos de las monarquías árabes aliadas de Estados Unidos, no opina sobre los ataques de Israel al pueblo palestino, no se inmuta ante el desastre humanitario que Arabia Saudí está produciendo en su guerra contra Yemen, tampoco se ha enterado que en Colombia todos los días asesinan activistas sociales, de derechos humanos y desmovilizados de las FARC.

Ha asumido mudez absoluta ante los crímenes del Gobierno de Honduras, no se ha dado cuenta que todos los meses la policía de Estados Unidos asesina a ciudadanos negros solo por esa condición, ni ha hecho mención a la brutal represión y exterminio de migrantes en Estados Unidos y ha emitido una débil voz en la imprescindible condena a la ilegal detención de Lula.

Ella sabe que la sola evocación de cualquiera de esas flagrantes violaciones a los derechos humanos le haría perder su cargo, por eso prefirió asegurarlo al aceptar entregar el informe que Washington hizo sobre Venezuela.

Resulta curioso darse cuenta de que, a diferencia de los otros tres presidentes de su alianza política que le precedieron, los que entregaron el poder a otro miembro de esa coalición, Bachelet en dos ocasiones traspasó el bastón de mando al pinochetismo en nombre de Sebastián Piñera y que, en ambos casos, Estados Unidos le consiguió un puesto en un organismo internacional para asegurarle una huida económicamente provechosa. Uno inocentemente podría preguntarse: ¿para quién trabaja?

Ella ha cumplido su parte y con Venezuela lo ha hecho con creces, con el mismo ímpetu, dedicación y esfuerzo con los que participó en la fundación del Grupo de Lima, creando condiciones nuevamente para justificar una intervención militar en Venezuela. Debe saber que, si ello ocurriera, deberá ser acusada como una criminal de guerra, cómplice del genocidio que sobrevendrá.

Quiero repetirlo, no me interesa el informe que haya hecho Bachelet, no tiene ninguna validez, toda vez que fue elaborado antes de su visita al país, además según dicen los que lo leyeron, no incorporó ninguna de los datos que aportó el Estado venezolano, es decir fue un juicio sin derecho a defensa.

No se trata del informe, incluso si todo lo que ahí se dijera fuera verdad, el problema es si esa oficina posee real autonomía e imparcialidad para hacerlo y si la persona que lo conduce tiene la autoridad ética y moral para dirigirla. Evidentemente, no. En esa medida es que carece de valor el informe que ha hecho. La impronta de su vida política anula la validez del informe.

Ella actuó como lo que es, una persona sin opinión que funciona a favor de quien le paga, nunca ha tenido criterio propio para nada, alejada de cualquier ética o compromiso con la humanidad. Hasta cuando su hijo, funcionario en La Moneda bajo su mandato presidencial, realizó actividades fraudulentas que la justicia está investigando, dijo que no sabía nada. Nunca sabe nada, otros saben por ella, otros piensan por ella.

Estimados lectores y lectoras, cree usted que con semejantes antecedentes, una persona puede hacer un informe de manera imparcial y objetivo sobre algo, sobre cualquier cosa, no solo sobre derechos humanos. Imposible, la deleznable naturaleza de las acciones que ha realizado a lo largo de su vida política la retrata y la desnuda.

Recuerdo cuando en Viena en el año 2006, en el marco de la Cumbre Unión Europea-América Latina, el presidente Chávez se reunió con ella por primera vez, al preguntarle si tras la reunión emergía alguna instrucción para el Gobierno, el comandante solo dijo: “Ella es la hija de mi General Bachelet”. Solo eso es. No le da para nada más.

Sergio Rodríguez Gelfenstein

 Sergio Rodríguez Gelfenstein

FUENTE: https://t.co/lu2gdzJyw9

Muy buena lectura y descripción sobre la expresidenta de Chile Michel Bachelet.  Su trayectoria política no es casual, es así como Estados Unidos construye a sus presidentes lacayos.  Mucha experiencia y muchos presidentes títeres y dictadores así los tuvimos en Bolivia hasta la llegada de uno genuino como Evo Morales.

Y aunque Uds. no lo crean, a nivel local en nuestras ciudades grandes y pequeñas, también funciona así el ascenso al poder de cualquier ‘don nadie’, claro que con otras modificaciones y protagonistas.

Lo importante es conocer aquella información que se nos oculta premeditadamente, saber quienes son los enemigos y esbirros del imperio genocida.

Quizá ahora entiendan un poco que los problemas que tiene Venezuela comienza en el Pentágono, en EEUU. Y también los problemas que ha enfrentado la Bolivia Plurinacional.

Los $10 millones de dólares que se trajo el nuevo candidato títere de la Casa Blanca para las elecciones en Bolivia, no son grátis sin duda. Y C.Mesa ya adelantó que le abrirá las puertas al imperio genocida gringo, coincidencia?

Xel

Julio 7, año 83 DFC

 

 

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Starbucks: Buen café con trabajo esclavo

Por: Graciela Vizcay Gomez

Una vez más, los inspectores de trabajo brasileños han encontrado trabajo esclavo  en las plantaciones donde Starbucks compra café. Y no solo las plantaciones, sino aquellas que han sido “certificadas” según los estándares CAFE Practices de Starbucks. Esto marca la segunda vez en nueve meses que esto sucede, lo que señala un enorme problema sistémico en la forma en que Starbucks cumple con su compromiso de “café ético al 99%”. Es hora de que eso cambie.

¿Cómo sabemos siquiera que esto está sucediendo? Así nos cuenta detalles Anna Canning, publicada en el blog Fair Word Project de Portland, Oregon, USA, en su idioma original.

El gobierno brasileño ha tomado medidas para abordar el trabajo forzoso en todos sus sectores agrícolas y manufactureros. Uno de esos pasos es publicar una “Lista sucia” anual de aquellos que se encuentran en violación de la ley brasileña y lo que han definido como esclavitud moderna: trabajo forzado, servidumbre por deudas, condiciones peligrosas y degradantes y días laborales debilitantes.

En el otoño de 2018, los inspectores de trabajo locales publicaron informes sobre la vinculación de Starbucks con una plantación donde los trabajadores se vieron obligados a trabajar en vivo y en condiciones de inmundicia. Los trabajadores reportaron murciélagos y ratones muertos en sus alimentos, no tenían sistemas de saneamiento y días de trabajo que se extendían desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los trabajadores informaron que el sistema de pago estaba amañado y que el café que recogían desaparecía antes de que pudiera contabilizarse. Las deducciones para cobrar sus cheques significaban que los trabajadores apenas tenían que pagar para llevar a casa. Si bien la plantación obtuvo la certificación CAFE Practices de Starbucks, Starbucks rechazó comprar en la granja en los últimos años (CAFE Practices permite que las inspecciones se realicen con una frecuencia tan baja como de 2 a 3 años, dependiendo de varios factores, incluidos los puntajes de inspección anteriores).

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BRASILGATE

MANUAL DE OPERACIONES

BRASILGATE

Por Martín Granovsky

Un prestigioso investigador norteamericano ganador del Premio Pulitzer difundió intercambios comprometedores por Telegram entre Sergio Moro, el juez que condenó a Lula y actual ministro de Bolsonaro, y los fiscales de la fuerza de tareas que diseñaron las falsedades que llevaron a prisión al ex presidente.

El presidente Jair Bolsonaro y su ministro y ex juez Sergio Moro.

La rama brasileña de la revista web The Intercept dijo haber recibido material desclasificado con escuchas que probarían el comportamiento ilegal de las autoridades judiciales en la Operación Lava Jato, que sirvió como coartada para el golpe de Michel Temer contra Dilma Rousseff en 2016, justificó la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva en 2018 y creó las condiciones para el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro y su asunción como presidente el 1ª de enero de 2019.

Las conversaciones fueron mantenidas por el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que entonces era el juez instructor contra Lula, y el fiscal Deltan Dallagnol, jefe de la llamada fuerza de tareas del Ministerio Público Fiscal.

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La renta básica siempre ha sido una causa de las mujeres

La renta básica para las mujeres, un tema para el debate, para el cambio, para revolucionar la sociedad boliviana, para promover su empoderamiento en un contexto y sistema económico innegablemente negativo para ellas, podría cambiarlo todo.  Por qué, no?

Personalmente lo catalogaría como una medida de Estado, pues tiene que ver con el futuro de Bolivia, más allá del ‘proceso de cambio’ o del retorno del neoliberalismo.

Xel

Junio 6, año 83 DFC

Por: Natalie Bennett

El animado debate en torno a la renta básica ha solido obviar con demasiada frecuencia un aspecto crucial: las dinámicas de género. En una sociedad fundada sobre diferencias de género, ¿cómo podría afectar una renta básica de forma diferente a hombres y mujeres? ¿Se podría emplear la renta básica como herramienta en la lucha por los derechos de las mujeres? Adoptar una perspectiva feminista en la discusión sobre la renta básica implica un conjunto particular de problemas y virtudes de la propuesta. Natalie Bennett recuerda la larga historia en el siglo XX de la lucha de las mujeres en el Reino Unido por una defensa feminista de la renta básica.

Resulta revelador que, al menos en Reino Unido, las mujeres estuvieran en la vanguardia de las primerizas campañas por una renta básica[1]. Se ha afirmado, con algunos buenos motivos, que Virginia Woolf, al afirmar que las mujeres necesitaban 500 libras al año y un cuarto propio, estaba exponiendo un argumento en favor de la renta básica, cuando no un modelo de esta.

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Resolución de conflictos en el CIADI: El chantaje de las inversiones

  • Recuperamos y compartimos este artículo cuya fuente original parece que no funciona, Casi siempre así terminan todas las iniciativas de voces alternativas que denuncian y luchan contra el sistema imperante, un monstruo de mil cabezas que en estos días por el aumento en el precio de la energía fósil puede generar el ataque del cartel de transnacionales del sector sobre nuestro continente:
  • ¡La era dorada de la energía estadounidense ya está en marcha, protégete Latinoamérica!
  • En este artículo se menciona al CIADI para defender los intereses de esas transnacionales.  Buscando sobre qué es el CIADI y que relación tiene Bolivia con este organismo del Banco Mundial, encontré que Bolivia fue el pionero en denunciar ó salirse de ese tratado injusto para los Estados y sus pueblos un 1ro de Mayo 2007, (siendo efectivo 6 meses después) por el actual presidente Evo Morales.
  • Cada vez que escuchen a cualquier empresario mencionar que en Bolivia no se respeta ni existe las condiciones para las inversiones privadas vengan de donde vengan, deben recordar este artículo.
  • “Bolivia sí respeta las inversiones pero se cansó de jugar con ‘árbitro pagado’ a favor de las multinacionales.”
  • Xel

Resolución de conflictos en el CIADI: El chantaje de las inversiones

Por Carlos Alonso Bedoya/ Red del Tercer Mundo

El neoliberalismo es un sistema de contratos para asegurar ganancias. La “ideología de la inversión” no permite distinguir lo conveniente de lo lesivo y con una serie de candados legales impide que los pueblos afectados por una actividad privada obtengan justicia. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es uno de sus principales instrumentos.

Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI), Convenios de Estabilidad Jurídica (CEJ) proliferan hoy en el mundo con la finalidad de garantizar que los inversionistas trasnacionales no se vean perjudicados por decisiones soberanas de los Estados donde operan, así se trate de un acto de justicia.

Este complejo tramado legal está diseñado, en primer lugar, para que un inversionista pueda repatriar utilidades a sus países de origen o paraísos fiscales sin condición alguna, es decir sacar su plata sin la exigencia de requisito de desempeño alguno, como garantizar un determinado número de puestos de trabajo nacionales o el pago de más impuestos si hay ganancias extraordinarias.

Y como la aplanadora mediática nos ha convencido de entrar en una carrera por captar inversión extranjera, los países comenzaron a competir para ver quién da más con tal de atraer inversionistas, así sean especuladores financieros.

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La rebelión boliviana de mayo del 36

Puso fin a 37 años de dominio liberal

Los gráficos y la Federación Obrera del Trabajo encendieron la chispa de la rebelión, avivada por los partidos de izquierda y los militares nacionalistas.Los trabajadores bolivianos, en mayo de 1936, declararon un histórico paro nacional. No fue una huelga más. Fue un volcán social que cristalizó la pugna entre el viejo Estado liberal y el revitalizado movimiento sindical. Los gráficos y la Federación Obrera del Trabajo (FOT) encendieron la chispa de la rebelión que, luego, fue avivada por los partidos de izquierda y los militares nacionalistas. Al final, José Luis Tejada Sorzano abandonó la silla presidencial.

Ese hecho dio inicio al periodo de los gobiernos nacionalistas militares del coronel David Toro y el teniente coronel Germán Busch (1936-1939).

La creación de los ministerios de Trabajo y de Minas y Petróleos, la sindicalización obligatoria, la creación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, la fundación del Banco Minero, la nacionalización de la Standard Oil Company, la promulgación de la primera Constitución Social, la dictación de la Ley General del Trabajo y la entrega al Banco Central del 100 por ciento de divisas procedentes de las exportaciones mineras fueron algunas normativas impulsadas y respaldadas por los insurrectos.

CRISIS

El levantamiento de mayo fue un suceso que sintetizó una serie de luchas que se exacerbaron acabada la contienda del Chaco.

Tres años de conflicto armado, la pérdida de 240.000 kilómetros cuadrados, el luto por la muerte de al menos 50 mil bolivianos y la llegada de excombatientes con daños físicos y psicológicos sumergieron al país en una situación de crisis.

Frente a ese contexto, el movimiento obrero y popular reorganizó sus filas. Sus reivindicaciones, en el fondo, fueron impulsadas por el desempleo, los bajos salarios, los despidos masivos y el aumento del costo de vida.

GÉNESIS

La cadena de protestas de los trabajadores comenzó en 1935 y culminó con la dimisión del liberal Tejada Sorzano, el 17 de mayo de 1936. Al respecto, Herbert Klein en su libro Orígenes de la revolución nacional realizó una cronología de los hechos.

La FOTO, en respuesta a la inflación y el alza de precios, en noviembre de 1935, solicitó al gobierno el aumento del 100 por ciento de salarios y rebaja de los precios de alquileres y de los artículos de consumo.

En diciembre, los mineros de Corocoro se movilizaron pidiendo aumento de sueldos. A la par, se activó una intensa convulsión social en todas las industrias y regiones del país ante la falta de trabajo y la subida de precios.

Las huelgas aumentaron en ritmo y proporciones, a inicios de 1936. En marzo, las obreras de la fábrica de tabacos demandaron jornales más altos.

DEVALUACIÓN

La crisis se agravó. El gobierno en vez de apagar la hoguera social, le echó más leña: dictó un “decreto de cambio único”. El peso boliviano se devaluó. Los trabajadores, los excombatientes, los inválidos, viudas y huérfanos de guerra fueron los más afectados. Y la bronca estalló.

En ese marco, la FOT, dirigida por Waldo Álvarez, envió al Poder Ejecutivo un pliego de peticiones que contempló la rebaja y libre importación de artículos de primera necesidad; el aumento del 100 por ciento de salarios; la rebaja de alquileres; la prohibición del trabajo nocturno; la suspensión del estado de sitio; garantías para la libertad de reunión, asociación, prensa y organización sindical; hogar para los mutilados e inválidos de guerra, y trabajo para los excombatientes.

El diario La República, el 15 de abril de 1936, informó que “la FOT preparaba un gran mitin”. Por falta de autorización de la prefectura, la protesta no se realizó.

Los dirigentes de la FOT, ante ese hecho, intentaron dialogar con el presidente. La República, el 25 de abril, relató que no se llegó a ningún acuerdo y que el jefe de Estado arguyó que la situación del país era “crítica”.

REBELIÓN

Las huelgas se agravaron el 1 de mayo. Los trabajadores judiciales de Cochabamba se movilizaron. Durante cuatro meses no percibían salarios. El matutino El Diario anunció que dieron un plazo de cinco días para el correspondiente pago, caso contrario el paro sería inminente.

El Sindicato Gráfico, el 10 de mayo, declaró huelga general. Su pliego de peticiones, que principalmente exigió el aumento salarial en un 100 por ciento, no fue atendido. Como nunca antes, todos los periódicos cerraron sus puertas entre el 10 y el 18 mayo. Los periodistas se sumaron a la lucha.

Frente al peligro de una revuelta, el gobierno expidió “un llamamiento militar” para “encuartelar al pueblo”. Luego, decidió “destruir de un sólo golpe al pueblo y al Ejército”. Se ordenó al jefe de las fuerzas armadas “hacer fuego sobre el pueblo si éste se mostraba partidario de la huelga”, narró La Calle, el 24 de junio de 1936.

Sin embargo, el Ejército acordó con los sindicalistas no intervenir en los problemas, mientras no ocurran actos de violencia. De ese modo, los propios huelguistas patrullaron la ciudad de La Paz para mantener el orden.

COMITÉ REVOLUCIONARIO

Esa protesta fue respaldada por la FOT, la Federación Obrera Local, el Partido Socialista (PS) y el Partido Republicano Socialista (PRS). La huelga, por ende, se radicalizó. El incremento de salarios se convirtió en una consigna general.

Cabe mencionar que la alianza formal entre el PS y la FOT fue concretada recién el 15 de mayo, en casa de Rodolfo Soriano. El pacto fue firmado por el entonces secretario de Gobierno del PS, Carlos Montenegro, Waldo Álvarez, Luis Gallardo y otros. “De allí salió vigoroso y unido el núcleo popular de la revolución, el mismo que dos días después llenó las calles de La Paz afirmando la nueva situación”, reveló el periódico La Calle, el 17 de mayo de 1937.

Inmediatamente, se formó un “Comité Revolucionario” integrado por Enrique Baldivieso, Carlos Montenegro, Carlos Romero, Víctor Alberto Saracho, Rodolfo Costas, Alberto Miranda, Max Atristain, José Unzueta, Rodolfo Soriano, Luis Iturralde Chinel, Armando Arce, Luis Ernst Rivera, César Méndez Baya, Arturo Prudencio, Víctor Méndez Baya, Rodolfo Subieta, René Calderón Ballivián, Walberto Aranibar, Walter Portillo, José Maceda, José Quisbert, Francisco Salgado, Lorenzo Flores, Nicolás Ballester, José Tamayo, Florencio Candia, Natalio Antezana, Augusto Guzmán, Enrique Costas, Antonio Campero Arce, Alberto Mendoza López, Miguel Ángel Céspedes, Armando Montenegro, Augusto Céspedes, Guillermo Alborta, N. Soria Galvarro, Felipe Tovar, Roberto Soriano, Rigoberto Armaza Lopera, Mario Diez de Medina, Nazario Pardo Calle, Prudencio Tovar, Moisés Álvarez, Jenaro Medrano, Adolfo Varela, Esteban Tórrez, German Sarabia y Tomás Pérez.

BANDERA ROJA

En ese marco, la noche del 16 de mayo el “Comité Revolucionario” comenzó una serie de tomas. Primero, ocupó el Club de la Unión, “local de la aristocracia cuya fortuna era mayor a medio millón de pesos”. En el lugar se izó una “bandera roja”. En seguida, cercó la alcaldía y colocó “un cordón de tendencia política (…) estableciendo un ensayo pintoresco de organización bolchevique”; esos espacios fueron los cuarteles de reunión de los partidos de “extrema izquierda”, rememoró La República, el 19 de mayo.

Pablo Estefanoni, en su investigación Los inconformistas del centenario, relató la manera cómo el escritor Alcides Arguedas detalló ese hecho en su Diario íntimo. Sucede que ese 18 de mayo, Arguedas fue con su hija, a las once de la mañana, al paseo del Prado. Al pasar, “vieron flamear la bandera roja” en el Club de la Unión, donde se podía leer la inscripción “Comité Revolucionario”, escrito –según Arguedas– “con tinta sobre una banda blanca de percal y con letras irregulares, letras de artesano primario que no tiene ni la costumbre ni el gusto de escribir y trazar caracteres”.

DESENLACE

Una comisión de militares, la mañana del 17 de mayo, le exigió a Tejada Sorzano su dimisión. Él firmó su renuncia. Acto seguido, se dictó un decreto que designó una Junta Mixta de Gobierno. Germán Busch fue designado “presidente provisional”, hasta el retorno de David Toro, quién fue posesionado como jefe de Estado, tres días después.

En la tarde, el nuevo régimen negoció con los insurrectos. Waldo Álvarez, en su libro Memorias del primer ministro obrero, afirmó que Busch aceptó todas las demandas del pliego de peticiones.

Las federaciones obreras, el 18 de mayo, ordenaron que “todos los empleados, trabajadores del comercio, la Industria, bancos, ferrocarriles y transportes, vuelvan a sus respectivas labores de inmediato”.

La normalidad retornó al país.

LEGADO

El levantamiento fue recordado por varios años. El 17 de mayo fue declarado “feriado nacional”. En 1937, se desarrolló un programa de festejos. Una diana a cargo de la banda del Ejército, un “match interdepartamental” de fútbol (Ingenieros Oruro vs. Alianza), la inauguración del Museo Militar, la concentración “socialista” y las verbenas populares fueron algunos de los eventos que matizaron el homenaje.

Por su parte, el gobierno autorizó la emisión de estampillas conmemorativas. La Calle, el 7 de mayo de 1937, informó que se acuñarían “monedas de nikel” de 10 centavos destinadas a rememorar la “revolución”.

Las conquistas de mayo hicieron temblar a la oligarquía liberal y fueron un referente para la insurrección obrera y campesina de abril de 1952.

Grecia Gonzales Oruño es Comunicadora Social

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

FUENTE: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=255976

Días vibrantes y revolucionarios en Bolivia, aquellos cuando Camiri apenas tenía meses de haberse fundado. La importancia de la guerra del Chaco en todo estos cambios fue crucial.

Xel

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El odio – Documental sobre la campaña electoral contra Lula

“El odio” describe la campaña de desprestigio impulsada contra Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores en Brasil, demostrando como ese proceso catapultó a Jair Bolsonaro a la presidencia.

(documental de Andrés Sal-lari)

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AIPAC: el poder israelí en el Congreso de EEUU

El lobby internacional mejor pagado del mundo
AIPAC: “Proteger a los judíos –quien no está con nosotros, está contra nosotros”

El slogan de AIPAC en su página web define categóricamente el código: “Protectthejews – Whoisnotwithus, isagainstus” (Proteger a los judíos –quien no está con nosotros, está contra nosotros). (Foto: Archivo)

YVKE Mundial/Ciudad Caracas

El Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC), cuyo presupuesto era de apenas 67 millones de dólares en 1963, hoy está considerado el lobby internacional mejor pagado del mundo.

Como institución sin fines de lucro no puede hacer contribuciones directas, pero sufraga campañas para la presidencia y el Congreso a través de los Súper PACs, núcleo principal de los técnicamente denominados Comités de Acción Política (PAC).

Según la ley tributaria norteamericana, el estatus legal de AIPAC es 501 (C) (4), la mayor jerarquía otorgada a los grupos de presión política. Además no paga impuestos ni está obligado a revelar públicamente la identidad de sus financistas.

Entre 2006 y 2012, el gasto de los movimientos con contribuyentes anónimos pasó de 5 millones de dólares a 300 millones. En cuanto a ingresos, el lobby sionista compite con ventaja sobre los demás grupos. Sin embargo, su enorme peso institucional no depende del volumen de recursos sino del uso de éstos con fines políticos, mediante la compra de voluntades legislativas.

Una investigación independiente del Centro for Responsive Politics (Centro por una Política Responsable), reveló que entre el 2000 y las elecciones de 2004, los 50 miembros de la directiva de AIPAC donaron un promedio de $72 mil dólares para cada una de las campañas y comités de acción política. El monto global es incuantificable debido al hermetismo de IPAC en materia financiera.

EL PADRE DE LOS LOBBYS

La Comisión de Relaciones Americano-Israelí Pública (AIPAC) no solamente es el lobby más poderoso de Estados Unidos, también el que controla los más emblemáticos “ThinTank” o “laboratorios de pensamiento” que asesoran las políticas de la Casa Blanca, entre ellos el Center for Security Policy, con casi 30 años de experiencia y 21 centros de investigación; America+n Enterprise Institute, de la Institución Brookings, Foreign Policy Research Institute, la Heritage Foundation, el Hudson Institute, el Institute for Foreign Policy Analysis y el Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA).

El lobby académico de AIPAC es la Fundación Americana-Israelí para la Educación (AIEF), que financia giras de los políticos estadounidenses a Israel para documentarlos sobre temas del Medio OrienteAIEF rivaliza con American Studies Association (Asociación de Estudios Americanos, ASA) que se sumó al “boicot contra las instituciones académicas israelíes”, convocado por la sociedad civil de Palestina. ASA es la institución norteamericana más antigua (60 años) dedicada al estudio interdisciplinario de la cultura, la historia y las políticas internacionales del país).

POR LOS CAMINOS VERDES (DÓLARES)

No obstante el secretismo legal que ampara las contribuciones de AIPAC, investigadores independientes han logrado identificar a algunos de los legisladores sobornados. Documentos procesados por el escritor y sociólogo norteamericano James Petras indican que la Configuración del Poder Sionista (CPS), uno de los más importantes brazos financieros de AIPAC, alteró el equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso: de los 435 miembros de la Cámara de Representantes, 219 recibieron pagos de la CPS.

La asignación de recursos es más acentuada entre los 100 senadores: 94 de ellos aceptaron dinero de los PAC y el Súper PACs. La nómina de beneficiarios la encabeza el senador Mark Kirk con $925 mil, seguido por el “halcón mayor” John McCain –que lidera la bancada radical proisraelí– con $771 mil y la senadora Ros-Lehtinen con $238 mil). Le siguen Eric Cantor –único republicano judío en el Congreso — ($209 mil), el representante de las minorías, Whip Steny Hoyer ($144 mil) y el líder de la mayoría, John Boehner ($130 mil).

EEUU VIOLA LA LEY EN FAVOR DE ISRAEL

Grant Smith, investigador del Centro de Política y Aplicación de la Ley (Center for Policy and Law Enforcement), reveló que en 2007 el Gobierno norteamericano firmó un compromiso para suministrar a Israel $30 mil millones en ayuda militar durante la década siguiente, con la condición de que 74% de los bienes y servicios militares se compraran en Estados Unidos.

Aparte de la dudosa transparencia de la operación, Smith destacó que Estados Unidos desacata la Ley de Control de Exportaciones de Armas, que estipula que las armas del Estado deben ser utilizadas sólo para la “seguridad interior”. Igualmente, añade, Washington viola su Ley de Ayuda Exterior, que prohíbe beneficiar a un país implicado en violaciones al derecho humanitario internacional.

AIPAC EXIGE LEALTAD ABSOLUTA

La impunidad financiera del lobby sionista forma parte de un código no escrito, impuesto por AIPAC: la lealtad legislativa no puede ser a medias, no se limita al voto favorable a Israel, también exige demostrar que las presiones sobre el Gobierno funcionan. Y así ha ocurrido. Solo en 2014, la administración Obama bloqueó 18 resoluciones de la ONU que condenaban a Israel, –entre otros casos– por los crímenes en Gaza y la invasión ilegal de colonos en Cisjordania, entre otros incumplimientos internacionales.

El slogan de AIPAC en su página web define categóricamente el código: “Protectthejews – Whoisnotwithus, isagainstus” (Proteger a los judíos –quien no está con nosotros, está contra nosotros).

En una entrevista al portal wordpress.com, Jean Ziegler, exrelator especial del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que “Tel Aviv dicta la política exterior de Estados Unidos con el lobby de AIPAC como poder determinante. Pero, apoyar la seguridad y la permanencia de Israel es una cosa (…) esta complicidad con el terrorismo de Estado y la política de colonización no es posible”, acusa Ziegler.

EL IMPERIO COMUNICACIONAL SIONISTA

La estrategia comunicacional de Israel abarca la relación personal con los periodistas y el control de grandes medios. Según el portal web iarnoticias.com, Isabel Kershner, reportera del Times, está casada con Hirsh Goodman, asesor del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en “asuntos de seguridad”. El jefe de la corresponsalía del Times en Jerusalén, Jodi Rudoren, vive en el hogar de una familia palestina desalojada.

El respaldo financiero de AIPAC le ha facilitado penetrar la maquinaria mediática de Estados Unidos. Las cuatro principales cadenas televisivas (CNN, ABC, NBC y Fox) y los tres principales diarios (The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post) están controlados y gerenciados (mediante paquetes accionarios o familiares) por grupos del lobby judío, principalmente neoyorquino.

También las más influyentes revistas (Newsweek, Time y The New Yorker) y consorcios hegemónicos de Internet como Time-Warner (fusionado con América on Line) y Yahoo) están controlados por gerencia y capital judío que opera en las redes. Además, gran parte de los empresarios de Hollywood y casi la mitad de los multimillonarios de Estados Unidos.son judíos.

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La Casa Blanca e Israel apuestan en dólares

El llamado “zar de los casinos” de Estados Unidos, Sheldon Adelson, figura entre los 14 donantes norteamericanos que más dinero inyectaron a la campaña del recién electo primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, según divulgó el organismo Intervención General de la Administración del Estado de Israel.  Es el único líder del sionismo estadounidense que ha confesado públicamente sus donaciones multimillonarias a las Súper PACs.  Adelson e AIPAC dirigen el ala dura del Congreso que mantiene bloqueadas las negociaciones de paz entre el presidente Barack Obama y el Gobierno de Irán. El malestar del empresario con Barack Obama comenzó inmediatamente después que éste ganó con amplio la reelección en 2012 con la oposición de Adelson, quien había apoyado –según la revista Forbes– con 100 millones de dólares la candidatura  de Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado. El magnate ya anunció que financiará  la campaña presidencial de los republicanos en 2016. Por su agresividad, Sheldon Adelson ha sido comparado con el exprimer ministro israelí Ariel Sharon, autor de la célebre frase: “No se preocupen por las presiones de EEUU sobre Israel. Nosotros, el pueblo judío, controlamos EEUU y los norteamericanos lo saben”.

FUENTE: http://www.radiomundial.com.ve/article/aipac-el-poder-israelí-en-el-congreso-de-eeuu

Aquí te dicen cómo funciona el AIPAC (blog en portugués):

AIPAC, el lobby y mafia sionista que domina la política de los Estados Unidos 

Si quieren más información sobre la influencia del lobby judío sionista de una fuente más reconocida:

El lobby pro-Israel y la política de Estados Unidos en Medio Oriente

Si aún así tienen dudas, aquí tienen un video sobre el AIPAC en EEUU:

Me pregunto si el lobby judío sionista ya se infiltró en Rusia, China o nuestros gobiernos de Latinoamérica y viendo cómo Macri y Bolsonaro le abrieron las puertas al régimen criminal israelí, puede afirmarse que si, ya estan aqui.


Como dice un excongresista de Estados Unidos en el documental: “La biblia dice claramente que se debe apoyar a Israel” Y Uds. saben cómo han crecido cual hongos las iglesias evangélicas y sus radios y televisión que te bombardean día y noche con sus consignas ideológicas para que defiendas a los genocidas de Israel. Y saben qué? Funciona.

Madres ponen ese nombre “Israel” (hoy ignominioso) a sus retoños, abren negocios con ese nombre, comunidades con alta influencia religiosa evangélica llevan nombres bíblicos, etc. y esto esta ocurriendo en todo el continente.

¿Pero saben que? Algo esta pasando, algo esta cambiando, muy rápidamente y ese poder tenebroso e influencia de los judíos sionistas esta casi condenado a desaparecer, va a llevar un tiempo pero es inevitable.

Esto me da cierta confianza de que aún podemos seguir construyendo la Patria Grande,  Latinoamérica como un continente de paz y esperanza para todos, incluido aquellos judíos que no son sionistas.

Xel

Mayo 7, año 83 DFC

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Fanfarria Taquikardia – Procesión Herexe (A las barricadas / Coche fantástico)

Para terminar este més donde hubo las procesiones acostumbradas por la imposición religiosa dentro de un Estado boliviano aparentemente Laico, por ahora.

Me encontré esta joya de video.  Donde una banda de músicos acompaña una procesión religiosa nada más y nada menos que con “A las barricadas“, una canción popular relacionada con el anarcosindicalismo de España y la termina con el sonido de la serie televisiva ‘el auto fantástico’.

Para entender lo que significa, tendrán que repasar un poco de historia sobre la cruenta ‘guerra civil española‘y el rol que jugó la iglesia en ella.

Como dice alguien en los comentarios: ‘La cara del cura no tiene precio’ 🙂

Este es el Himno anarkista ‘A las barricadas’ y su letra:

Ahora entiendo porque se hizo popular y perduró hasta nuestros días, la lucha contra la opresión, la lucha por la libertad jamás pasará de moda, A LAS BARRICADAS!!

Xel

Abril 29, año 83 DFC

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