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Es la hija del general Bachelet. Nada más

La hija del general Bachelet (© REUTERS / Chris Wattie)

Prudente silencio hice ante el anuncio de la visita a Venezuela de Michelle Bachelet en su condición de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A pesar que tuve el natural impulso de escribir sobre el tema dado los antecedentes políticos de la funcionaria internacional, me abstuve por respeto a muchos amigos en el país y el exterior que forjaron expectativas a partir de la supuesta honorabilidad y respetabilidad de la susodicha, lo cual auguraba neutralidad e imparcialidad en el informe que habría de elaborar.

Es menester decir que, como hijo de un hombre que fue preso y torturado en democracia en Venezuela y en dictadura en Chile, que además tengo decenas de amigos y amigas que pasaron por la prisión, la tortura y la desaparición forzada en varios países de la región, repudio y rechazo la práctica de violación de los derechos humanos venga de donde venga. La alta comisionada, la autoridad superior en esta materia en el mundo, debería también observar esta compostura en el cumplimiento de sus responsabilidades.

De esta manera, no me voy a referir al informe que hizo, el cual ni siquiera voy a leer, pero, como le dije a todos los que quisieron escucharlo, ese informe estaba hecho antes que Bachelet llegara a Caracas, agregando el hecho que, dada la trayectoria de la mencionada funcionaria, muy probablemente el mismo había sido elaborado en Washington.

Hoy, eso ha quedado demostrado cuando el Gobierno de Venezuela ha dicho que el 82% de los datos del informe provienen de fuera del país. Tengo serias dudas de que ese trabajo haya podido hacerse después del viaje de la comisionada a Caracas. No, ya estaba elaborado.

Es decir, no se trata de si el informe dice o no dice la verdad, sino de cuánta veracidad pueda tener un reporte de una oficina que tiene una pésima reputación y de una funcionaria que carece de credibilidad en materia de derechos humanos dadas las continuas violaciones de los mismos mientras fue presidenta de Chile, sobre todo en la brutal represión al pueblo mapuche.

Otros argumentaban que nada podría ser peor en materia de lealtades imperiales que las del antecesor de Bachelet en tal responsabilidad, el príncipe jordano Zeid Raad Hussein, de conocida subordinación a Washington, donde hizo una larga pasantía como embajador de Jordania primero y representante de su país en la ONU posteriormente.

Pero, como dice un sabio dicho popular en Venezuela “deseos no empreñan”, me impresionó la inocencia de tantas personas que todavía tienen a Bachelet como un adalid de los derechos humanos cuando su impronta muestra todo lo contrario.

Parece increíble que alguien pueda pensar que Bachelet pueda ser imparcial respecto de Venezuela cuando ella fue activa y entusiasta fundadora del grupo de Lima, un anexo de la OEA creado para propiciar el derrocamiento del Gobierno venezolano. En el colmo de la desfachatez, en algún momento, cuando se le inquirió sobre tal asunto, echó toda la culpa de sus actuaciones en esta materia a su canciller, Heraldo Muñoz, a quien según dijo “no puedo controlar”.

Fiel a esa forma de actuar y pensar, una vez más Bachelet le ha hecho asumir la responsabilidad sobre el actuar de su oficina a los funcionarios colocados en sus puestos “por mi antecesor” a los que supuestamente tampoco puede controlar.

Bachelet es de esos extraños personajes que en política podrían caracterizarse de “extremo centro”, es decir, no opinan, no se comprometen, dejan hacer, echan la culpa a otros y no asumen responsabilidades, al parecer características afines a la política chilena si nos atenemos a que dos veces fue elegida presidenta de la nación austral, pero tal identidad en ella no es natural, es asumida concientemente por instrucciones superiores que estudiaron su perfil y entendieron que era esa la forma más adecuada para colocarla en las más altas instancias de Gobierno.

En junio de 2014, cuando Zeid Raad Hussein fue elegido para el cargo, los abogados especialistas en derechos humanos Javier El-Hage y Roberto González escribieron un artículo en el periódico madrileño El País en el que al describir esa responsabilidad dentro de la estructura de la ONU decían que: “…hasta ahora las acciones del alto comisionado han sido en el mejor de los casos tímidas, por lo general carentes de norte democrático y a veces incluso reñidas con los ideales que persigue. Esto se debe a que la OACDH sufre, aunque en menor medida, del mismo problema estructural que padecen otros órganos de la ONU como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos, cuyos pronunciamientos y acciones concretas están altamente influenciados por dictaduras con poder de veto y membrecía mayoritaria”.

Si nos atenemos al historial de los dos últimos altos comisionados, estas opiniones resultan ampliamente atinadas.

En el caso de Michelle Bachelet, después de ser una insignificante militante política en el partido socialista de Chile, según un artículo publicado en el desaparecido periódico santiaguino La Nación, el 16 de enero de 2006, se marchó a Estados Unidos a cursar “…un diplomado sobre estrategia militar en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) al que asistieron doce alumnos: seis oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y seis civiles donde, por su buen rendimiento, obtuvo el primer lugar de la promoción, y gracias al patrocinio de la Beca Presidente de la República continuó en 1997 un curso superior sobre defensa continental en el Colegio Interamericano de Defensa, ubicado en Washington DC, Estados Unidos. A su regreso en 1998, Bachelet trabajó un año como asesora del Ministerio de Defensa Nacional”.

Curiosamente, a partir de ese momento inició su fulgurante despegue político que la llevó —en tan solo 8 años— a ser elegida presidenta de Chile. Todo indica que difícilmente ha podido desprenderse de la tutoría que el Pentágono ha ejercido en ella.

Según la organización Mapuche Meli Wixan Mapu, en octubre de 2018 había en Chile 20 presos políticos mapuche injustamente condenados por la Ley Antiterrorista aprobada en ese país el 16 de mayo de 1984, cuando no había Parlamento durante la dictadura de Pinochet. Bachelet no hizo nada por eliminarla en sus dos Gobiernos, al contrario, profundizó la represión contra el pueblo mapuche durante sus dos gestiones.

Hay que decir que desde 2001, durante los Gobiernos de la posdictadura, en la mayoría de los cuales participó el partido de Michelle Bachelet, fueron asesinados 19 mapuche, de ellos dos, Johnny Cariqueo Yáñez en 2008 y Jaime Facundo Mendoza Collío en 2009, fueron exterminados durante el primer Gobierno de Bachelet. Luego, dos más, José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil en 2014 y Víctor Manuel Mendoza Collío en 2014, lo fueron en el segundo Gobierno de la ahora funcionaria internacional, sin que ella hiciera absolutamente nada por aclarar los homicidios.

Estos hechos hacen que Michelle Bachelet sea considerada como una feroz represora por parte del pueblo mapuche. Desde su llegada al Gobierno en 2006, ordenó la represión a comuneros y comuneras mapuche de la localidad de Quepe, de la Comuna de Freire, en la región de la Araucanía, que protestaban por la instalación de un aeropuerto en ancestrales territorios mapuche usurpados por la fuerza a sus legítimos propietarios. En agosto de ese año, fue asesinado Juan Lorenzo Collihuin Catril, de 71 años, su asesino: un sargento de carabineros que fue absuelto del caso por la Fiscalía Militar.

El 30 de octubre de 2007, Juan Patricio Queipul Millanao, de solo 13 años de edad, fue herido en el tórax por 6 disparos hechos por Carabineros con sus escopetas antimotines.

El 3 de enero de 2008, fue asesinado por la espalda Matías Catrileo Quezada, de 22 años, por el cabo 2° de carabineros, Walter Ramírez, sin que las autoridades realizaran investigación alguna para hacer justicia. El día 30 de ese mes de enero, Patricia Troncoso, quien se encontraba en huelga de hambre por 112 días tras ser condenada junto a otros comuneros mapuche a 10 años y 1 día bajo la ley antiterrorista de Pinochet que sigue imperando en Chile, concluyó su ayuno.

La noticia habría pasado inadvertida sino hubiera sido porque, acompañada por la madre de Matías Catrileo, le escribió una carta a Bachelet en la que le decía: “Yo quiero preguntarle(…) Usted que fue prisionera política, que fue torturada, siente hoy el placer de torturarnos a nosotros. ¿Qué siente usted señora presidenta? (…) ¡Qué lástima que usted se haya olvidado de todo lo que significa la prisión política y la muerte de tantos seres! Usted, con la actitud soberbia de su Gobierno, de sus representantes, hoy en día nos torturan condenándonos a una muerte silenciosa”.

En otro ámbito, durante la realización en agosto de 2007 de protestas convocadas por organizaciones sindicales descontentas con la política neoliberal de Bachelet, la represión ordenada por ésta dejó unos 50 heridos y 372 detenidos. Los actos estuvieron acompañados de incidentes debido a la fuerte acción de la policía.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, llamó al Gobierno a analizar la violencia, a su juicio “inusitada”, con que actuó la policía. La jornada comenzó cuando miles de manifestantes que salieron pacíficamente a las calles fueron reprimidos con fuerza por carabineros, que detuvieron en pocas horas a un centenar de personas.

Continuando con su política de represión al movimiento popular, durante los primeros meses del año 2008, en las ciudades más importantes del país, los estudiantes secundarios y universitarios desarrollaron movilizaciones exigiendo la derogación definitiva del marco legal de educación creado por la dictadura.

La respuesta del Gobierno de Bachelet fue ponerse de acuerdo con los partidos pinochetistas para aprobar una nueva ley que en los sustancial dejaba todo igual, toda vez que no modificaba su carácter neoliberal y perpetuaba el beneficio de los que lucran con la educación en Chile. Para ello, Bachelet jugó el papel de articuladora entre las partidos de derecha que estaban dentro y fuera del Gobierno: Democracia Cristiana y los pinochetistas Renovación Nacional (RN) y Unión Democrática Independiente (UDI) en la oposición, así como con la desprestigiada y mafiosa Iglesia católica, el Opus Dei y otros actores que se han enriquecido con la educación en el país.

Mientras tanto, la presidenta ordenó reprimir con dureza las movilizaciones estudiantiles a fin de ablandar a los líderes, para cooptarlos y desarticular el movimiento, lo cual fue de alguna manera logrado. En el camino, las fuerzas represivas bacheletistas agredieron brutalmente a un periodista que reportaba los hechos.

Vale la pena recordar también que a finales de diciembre de 2010, un cable de WikiLeaks hizo público que un documento obtenido de la Embajada de Estados Unidos en Chile fechado el 7 de febrero de 2008 afirmaba que la entonces expresidenta Bachelet había pedido apoyo de inteligencia a Estados Unidos para dar seguimiento a la “radicalización” del conflicto mapuche y sus posibles contactos con “otros grupos terroristas extranjeros”.

Con ello, Bachelet mostraba ya no solo su talante represivo, también permitió constatar su verdadera identificación nacional al estar dispuesta a ceder la soberanía de Chile autorizando al Gobierno de una potencia extranjera a inmiscuirse en los asuntos internos del país, a fin de reprimir a un pueblo que lucha por sus legítimas demandas.

En fechas más cercanas, ya durante su segundo Gobierno, la organización proestadounidense Amnistía Internacional, ante la desfachatez por el desconocimiento del Estado chileno de los derechos humanos, se vio obligada a recomendar al Estado de Chile una serie de políticas en favor del respeto de los derechos humanos.

Precisamente, hicieron mención a la aplicación de la Ley Antiterrorista. En este sentido, la secretaría general de esa organización, Irene Khan, afirmó en 2008 que: “Los pueblos indígenas son muy discriminados y marginados en Chile, y se ven a sí mismos como víctimas de una estrategia económica que está destruyendo su vida y su sustento”.

A este respecto, Hernando Silva, coordinador jurídico del Observatorio Ciudadano, al referirse a la aplicación de esta ley en los gobiernos de la posdictadura dijo que : “La criminalización de la protesta social indígena, que ha sido un fenómeno que surgió principalmente durante el Gobierno de Ricardo Lagos, fue una tónica que se repitió durante el Gobierno de Michelle Bachelet, por cuanto se utilizaron figuras penales excepcionales para desvirtuar los procesos de reivindicación de derechos de las comunidades mapuche”.

El tiempo transcurrió y el olvido se hizo eco del pueblo chileno que reeligió a Bachelet en 2014 para un nuevo período presidencial de cuatro años. Uno de sus planes emblemáticos fue una vez más la represión del pueblo mapuche. Para esto diseñó la denominada Operación Huracán, que configuró acciones nunca antes vistas, ni siquiera en tiempos de la dictadura. La disposición de montajes de operaciones de falsa bandera al más puro estilo del Gobierno colombiano de Álvaro Uribe, que condujo a acusaciones de líderes mapuche para justificar la más brutal represión contra ellos, fue el sello más importante de este segundo Gobierno de Bachelet.

El funcionario que dirigió las operaciones, alto dirigente del partido socialista de Chile, realizó reuniones con autoridades judiciales, policiales, con fiscales y abogados para construir una trama a objeto de criminalizar a los líderes mapuche. En lo más alto de la cúpula de este criminal entramado se encontraba el ministro del interior y la propia presidenta Bachelet, tal como lo denunció Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular en declaraciones a la Radio de la Universidad de Chile.

Román afirmó que Bachelet no había sido afectada porque estaba protegida por “los ricos, los poderosos y los medios”, recordando además que “una de las ofertas de campaña de Bachelet para llegar al ejecutivo fue la no aplicación de la Ley Antiterrorista”, pero “lejos de no aplicarla, ha invertido cuantiosos recursos para condenar a los peñis [hermanos en mapudungun, la lengua mapuche] sobre conductas terroristas”.

Continuando con su estela de represión, en septiembre de 2016, la lideresa mapuche Juana Calfunao fue condenada a 5 años de cárcel por negarse a aceptar la construcción de un camino que pasaba por su propiedad. Desde hace más de 20 años, la comunidad Juan Paillalef, a la que pertenece la lonko [jefe/a de una comunidad mapuche] mantiene un conflicto con el Estado debido a que se opone a la ruta trazada para tal vía que “dividiría a su comunidad y destruiría espacios sagrados donde se realizan ceremonias y rogativas, y además, su construcción no ha sido consultada de forma previa, libre e informada como lo determina el Convenio 169 de la OIT” según un reporte del portal digital chileno eldesconcierto.cl.

En marzo de 2011, Calfunao encaró a la expresidenta Michelle Bachelet en el Parlamento Europeo en Bruselas por la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Bachelet siempre guardó silencio como presidenta y lo sigue haciendo en su nueva función de proteger a los amigos de Estados Unidos desde la ONU, mientras utiliza su cargo para atacar a los que lo adversan, actuando de la manera servil y rastrera que la caracteriza.

Incluso, inmersa en una patología conocida como Síndrome de Estocolmo, se ha encargado de proteger a los militares incursos en la violación de derechos humano durante la dictadura no moviendo un dedo para que fueran eliminadas las cárceles cinco estrellas donde asesinos, violadores y torturadores pasan su maravillosa existencia en condiciones materiales óptimas. Es de suponer que esto también sea parte del acuerdo con el Pentágono, toda vez que hasta Sebastián Piñera, sin haber cambiado mucho, ha tomado medidas en este ámbito.

Así, en el desempeño de su más reciente responsabilidad, Bachelet guarda absoluto silencio frente a las brutales violaciones de derechos humanos de las monarquías árabes aliadas de Estados Unidos, no opina sobre los ataques de Israel al pueblo palestino, no se inmuta ante el desastre humanitario que Arabia Saudí está produciendo en su guerra contra Yemen, tampoco se ha enterado que en Colombia todos los días asesinan activistas sociales, de derechos humanos y desmovilizados de las FARC.

Ha asumido mudez absoluta ante los crímenes del Gobierno de Honduras, no se ha dado cuenta que todos los meses la policía de Estados Unidos asesina a ciudadanos negros solo por esa condición, ni ha hecho mención a la brutal represión y exterminio de migrantes en Estados Unidos y ha emitido una débil voz en la imprescindible condena a la ilegal detención de Lula.

Ella sabe que la sola evocación de cualquiera de esas flagrantes violaciones a los derechos humanos le haría perder su cargo, por eso prefirió asegurarlo al aceptar entregar el informe que Washington hizo sobre Venezuela.

Resulta curioso darse cuenta de que, a diferencia de los otros tres presidentes de su alianza política que le precedieron, los que entregaron el poder a otro miembro de esa coalición, Bachelet en dos ocasiones traspasó el bastón de mando al pinochetismo en nombre de Sebastián Piñera y que, en ambos casos, Estados Unidos le consiguió un puesto en un organismo internacional para asegurarle una huida económicamente provechosa. Uno inocentemente podría preguntarse: ¿para quién trabaja?

Ella ha cumplido su parte y con Venezuela lo ha hecho con creces, con el mismo ímpetu, dedicación y esfuerzo con los que participó en la fundación del Grupo de Lima, creando condiciones nuevamente para justificar una intervención militar en Venezuela. Debe saber que, si ello ocurriera, deberá ser acusada como una criminal de guerra, cómplice del genocidio que sobrevendrá.

Quiero repetirlo, no me interesa el informe que haya hecho Bachelet, no tiene ninguna validez, toda vez que fue elaborado antes de su visita al país, además según dicen los que lo leyeron, no incorporó ninguna de los datos que aportó el Estado venezolano, es decir fue un juicio sin derecho a defensa.

No se trata del informe, incluso si todo lo que ahí se dijera fuera verdad, el problema es si esa oficina posee real autonomía e imparcialidad para hacerlo y si la persona que lo conduce tiene la autoridad ética y moral para dirigirla. Evidentemente, no. En esa medida es que carece de valor el informe que ha hecho. La impronta de su vida política anula la validez del informe.

Ella actuó como lo que es, una persona sin opinión que funciona a favor de quien le paga, nunca ha tenido criterio propio para nada, alejada de cualquier ética o compromiso con la humanidad. Hasta cuando su hijo, funcionario en La Moneda bajo su mandato presidencial, realizó actividades fraudulentas que la justicia está investigando, dijo que no sabía nada. Nunca sabe nada, otros saben por ella, otros piensan por ella.

Estimados lectores y lectoras, cree usted que con semejantes antecedentes, una persona puede hacer un informe de manera imparcial y objetivo sobre algo, sobre cualquier cosa, no solo sobre derechos humanos. Imposible, la deleznable naturaleza de las acciones que ha realizado a lo largo de su vida política la retrata y la desnuda.

Recuerdo cuando en Viena en el año 2006, en el marco de la Cumbre Unión Europea-América Latina, el presidente Chávez se reunió con ella por primera vez, al preguntarle si tras la reunión emergía alguna instrucción para el Gobierno, el comandante solo dijo: “Ella es la hija de mi General Bachelet”. Solo eso es. No le da para nada más.

Sergio Rodríguez Gelfenstein

 Sergio Rodríguez Gelfenstein

FUENTE: https://t.co/lu2gdzJyw9

Muy buena lectura y descripción sobre la expresidenta de Chile Michel Bachelet.  Su trayectoria política no es casual, es así como Estados Unidos construye a sus presidentes lacayos.  Mucha experiencia y muchos presidentes títeres y dictadores así los tuvimos en Bolivia hasta la llegada de uno genuino como Evo Morales.

Y aunque Uds. no lo crean, a nivel local en nuestras ciudades grandes y pequeñas, también funciona así el ascenso al poder de cualquier ‘don nadie’, claro que con otras modificaciones y protagonistas.

Lo importante es conocer aquella información que se nos oculta premeditadamente, saber quienes son los enemigos y esbirros del imperio genocida.

Quizá ahora entiendan un poco que los problemas que tiene Venezuela comienza en el Pentágono, en EEUU. Y también los problemas que ha enfrentado la Bolivia Plurinacional.

Los $10 millones de dólares que se trajo el nuevo candidato títere de la Casa Blanca para las elecciones en Bolivia, no son grátis sin duda. Y C.Mesa ya adelantó que le abrirá las puertas al imperio genocida gringo, coincidencia?

Xel

Julio 7, año 83 DFC

 

 

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Starbucks: Buen café con trabajo esclavo

Por: Graciela Vizcay Gomez

Una vez más, los inspectores de trabajo brasileños han encontrado trabajo esclavo  en las plantaciones donde Starbucks compra café. Y no solo las plantaciones, sino aquellas que han sido “certificadas” según los estándares CAFE Practices de Starbucks. Esto marca la segunda vez en nueve meses que esto sucede, lo que señala un enorme problema sistémico en la forma en que Starbucks cumple con su compromiso de “café ético al 99%”. Es hora de que eso cambie.

¿Cómo sabemos siquiera que esto está sucediendo? Así nos cuenta detalles Anna Canning, publicada en el blog Fair Word Project de Portland, Oregon, USA, en su idioma original.

El gobierno brasileño ha tomado medidas para abordar el trabajo forzoso en todos sus sectores agrícolas y manufactureros. Uno de esos pasos es publicar una “Lista sucia” anual de aquellos que se encuentran en violación de la ley brasileña y lo que han definido como esclavitud moderna: trabajo forzado, servidumbre por deudas, condiciones peligrosas y degradantes y días laborales debilitantes.

En el otoño de 2018, los inspectores de trabajo locales publicaron informes sobre la vinculación de Starbucks con una plantación donde los trabajadores se vieron obligados a trabajar en vivo y en condiciones de inmundicia. Los trabajadores reportaron murciélagos y ratones muertos en sus alimentos, no tenían sistemas de saneamiento y días de trabajo que se extendían desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los trabajadores informaron que el sistema de pago estaba amañado y que el café que recogían desaparecía antes de que pudiera contabilizarse. Las deducciones para cobrar sus cheques significaban que los trabajadores apenas tenían que pagar para llevar a casa. Si bien la plantación obtuvo la certificación CAFE Practices de Starbucks, Starbucks rechazó comprar en la granja en los últimos años (CAFE Practices permite que las inspecciones se realicen con una frecuencia tan baja como de 2 a 3 años, dependiendo de varios factores, incluidos los puntajes de inspección anteriores).

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Camiri rumbo al SIN Sistema Interconectado Nacional de Electricidad

(actualizado)

Finalmente Camiri quedará integrado a la red eléctrica del país y uno espera que los cortes de luz sean un viejo y mal recuerdo.

Por si no lo saben, el Sistema Eléctrico de Camiri es un sistema aislado del resto de Bolivia, incluso estamos aislados dentro del departamento cruceño. La historia del servicio de electricidad en pocas palabras se resume a que pasamos de una Cooperativa local (COSELCA) que por incapacidad pasó a manos de otra Cooperativa de una ciudad más grande como Santa Cruz de la Sierra (CRE), en el fondo fue por acceso a más recursos y finaciación. En esto hay un estigma y a la vez un reto para los camireños por superar.

El gobierno nacional a la cabeza del presidente Evo Morales se ha propuesto llevar e integrar con energía eléctrica a todo Bolivia.  Al integrarnos a la red eléctrica central del país, significa que cualquier emprendimiento empresarial por más grande que sea, no tendrá el problema de abastecimiento de energía.  Esto abre muchas oportunidades para Camiri y la región. Además, la Red de Alta Tensión que pasará por Camiri parece que tiene la intención a futuro de exportar Electricidad a nuuestros países vecinos.

Cual será la situación de la CRE en Camiri?  

Una vez integrado al SIN, la CRE dejaría de ocuparse de la Generación y Transmisión para solo dedicarse a la Distribución, es decir, lo mismo que hace en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, no?

Entonces tratandose solo de Distribución, quizá podríamos hacerlo en Camiri, no creen? Y este es el reto a superar: que los camireños podemos ser capaces de administrar eficientemente nuestras instituciones. Demás esta decir que los recursos y empleos que tanta falta hacen por estos días, se quedarían en Camiri, no creen?

Por otra parte, no pensar de este modo o no plantearnos estas cuestiones iría contra el espíritu y las raíces de la identidad histórica de los camireños. “Los camireños desde que nacimos estuvimos solos y nos levantamos y caemos solos.” También sé que esa identidad está casi extinta por diferentes motivos.

Sobre el mismo asunto, también sé que el proyecto de la represa hidroeléctrica ‘Rositas’en Abapó seguirá adelante pese a los contratiempos, esto significa más energía y estabilidad.

¿Esto #yaesDemasiado? 🙂

 

El proyecto de electrificación de alta tensión Padilla-Monteagudo-Muyupampa-Camiri en marcha

Mayo 22, año 83 DFC (Después de la Fundación de Camiri)

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La renta básica siempre ha sido una causa de las mujeres

La renta básica para las mujeres, un tema para el debate, para el cambio, para revolucionar la sociedad boliviana, para promover su empoderamiento en un contexto y sistema económico innegablemente negativo para ellas, podría cambiarlo todo.  Por qué, no?

Personalmente lo catalogaría como una medida de Estado, pues tiene que ver con el futuro de Bolivia, más allá del ‘proceso de cambio’ o del retorno del neoliberalismo.

Xel

Junio 6, año 83 DFC

Por: Natalie Bennett

El animado debate en torno a la renta básica ha solido obviar con demasiada frecuencia un aspecto crucial: las dinámicas de género. En una sociedad fundada sobre diferencias de género, ¿cómo podría afectar una renta básica de forma diferente a hombres y mujeres? ¿Se podría emplear la renta básica como herramienta en la lucha por los derechos de las mujeres? Adoptar una perspectiva feminista en la discusión sobre la renta básica implica un conjunto particular de problemas y virtudes de la propuesta. Natalie Bennett recuerda la larga historia en el siglo XX de la lucha de las mujeres en el Reino Unido por una defensa feminista de la renta básica.

Resulta revelador que, al menos en Reino Unido, las mujeres estuvieran en la vanguardia de las primerizas campañas por una renta básica[1]. Se ha afirmado, con algunos buenos motivos, que Virginia Woolf, al afirmar que las mujeres necesitaban 500 libras al año y un cuarto propio, estaba exponiendo un argumento en favor de la renta básica, cuando no un modelo de esta.

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Bernie Sanders explica la política externa de los EEUU

Cada vez que escuchen a Evo rajar contra el imperio gringo EEUU y algún vendepatria diga lo contrario, metanle este video,…a los ojos.

Este material tiene alto valor educativo porque Bernie Sanders no es cualquier político de EEUU. Debería impartirse en todas las aulas de historia de Bolivia.

Y si el facho vendepatria que odia visceralmente al presidente Evo Morales se enojara:


 

Xel

Mayo 30, año 83 DFC

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Resolución de conflictos en el CIADI: El chantaje de las inversiones

  • Recuperamos y compartimos este artículo cuya fuente original parece que no funciona, Casi siempre así terminan todas las iniciativas de voces alternativas que denuncian y luchan contra el sistema imperante, un monstruo de mil cabezas que en estos días por el aumento en el precio de la energía fósil puede generar el ataque del cartel de transnacionales del sector sobre nuestro continente:
  • ¡La era dorada de la energía estadounidense ya está en marcha, protégete Latinoamérica!
  • En este artículo se menciona al CIADI para defender los intereses de esas transnacionales.  Buscando sobre qué es el CIADI y que relación tiene Bolivia con este organismo del Banco Mundial, encontré que Bolivia fue el pionero en denunciar ó salirse de ese tratado injusto para los Estados y sus pueblos un 1ro de Mayo 2007, (siendo efectivo 6 meses después) por el actual presidente Evo Morales.
  • Cada vez que escuchen a cualquier empresario mencionar que en Bolivia no se respeta ni existe las condiciones para las inversiones privadas vengan de donde vengan, deben recordar este artículo.
  • “Bolivia sí respeta las inversiones pero se cansó de jugar con ‘árbitro pagado’ a favor de las multinacionales.”
  • Xel

Resolución de conflictos en el CIADI: El chantaje de las inversiones

Por Carlos Alonso Bedoya/ Red del Tercer Mundo

El neoliberalismo es un sistema de contratos para asegurar ganancias. La “ideología de la inversión” no permite distinguir lo conveniente de lo lesivo y con una serie de candados legales impide que los pueblos afectados por una actividad privada obtengan justicia. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es uno de sus principales instrumentos.

Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI), Convenios de Estabilidad Jurídica (CEJ) proliferan hoy en el mundo con la finalidad de garantizar que los inversionistas trasnacionales no se vean perjudicados por decisiones soberanas de los Estados donde operan, así se trate de un acto de justicia.

Este complejo tramado legal está diseñado, en primer lugar, para que un inversionista pueda repatriar utilidades a sus países de origen o paraísos fiscales sin condición alguna, es decir sacar su plata sin la exigencia de requisito de desempeño alguno, como garantizar un determinado número de puestos de trabajo nacionales o el pago de más impuestos si hay ganancias extraordinarias.

Y como la aplanadora mediática nos ha convencido de entrar en una carrera por captar inversión extranjera, los países comenzaron a competir para ver quién da más con tal de atraer inversionistas, así sean especuladores financieros.

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Red de drenaje para recoger basura

Son redes de drenaje que sirven para recoger toda la basura y plásticos que contaminan nuestros ríos y lagos.

En Camiri cada vez que llueve, toda la basura y plásticos contaminantes son arrastradas al río Parapetí y nadie hace ni dice nada al respecto. (me queda pendiente subir un video sobre este desastre de contaminación cuando llueve, pero todos sabemos que así es)

La instalación de estas redes de drenaje en todas las calles que dan al río Parapetí, así como en varios de los canales de drenaje de la ciudad ayudaría mucho en dejar de contaminar nuestro río, aunque lo ideal sería que nadie botara basura en las calles.

Vaya la propuesta para que alguno de los futuros candidatos ediles que realmente le importe la preservación de nuestro río Parapetí, lo haga posible.



También esta la experiencia y propuesta económica desde Guatemala:
BARRERAS PARA SALVAR A LOS RIOS DE CONTAMINACIÓN

En realidad este proyecto debería importarle a cada camireño, pero específicamente a nuestras autoridades y a quienes se encargan del servicio de recoger la basura. Si fuera autoridad, la próxima licitación condicionaría a los postulantes a que presenten e inserten este proyecto en sus propuestas.  También se tiene que acompañar con una campaña masiva de educación medioambiental para dejar de botar basura en calles, carreteras, etc.

La salud ambiental de nuestro río Parapetí y nuestra ciudad depende de todos, no?

Xel

Mayo 16, año 83 DFC

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La rebelión boliviana de mayo del 36

Puso fin a 37 años de dominio liberal

Los gráficos y la Federación Obrera del Trabajo encendieron la chispa de la rebelión, avivada por los partidos de izquierda y los militares nacionalistas.Los trabajadores bolivianos, en mayo de 1936, declararon un histórico paro nacional. No fue una huelga más. Fue un volcán social que cristalizó la pugna entre el viejo Estado liberal y el revitalizado movimiento sindical. Los gráficos y la Federación Obrera del Trabajo (FOT) encendieron la chispa de la rebelión que, luego, fue avivada por los partidos de izquierda y los militares nacionalistas. Al final, José Luis Tejada Sorzano abandonó la silla presidencial.

Ese hecho dio inicio al periodo de los gobiernos nacionalistas militares del coronel David Toro y el teniente coronel Germán Busch (1936-1939).

La creación de los ministerios de Trabajo y de Minas y Petróleos, la sindicalización obligatoria, la creación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, la fundación del Banco Minero, la nacionalización de la Standard Oil Company, la promulgación de la primera Constitución Social, la dictación de la Ley General del Trabajo y la entrega al Banco Central del 100 por ciento de divisas procedentes de las exportaciones mineras fueron algunas normativas impulsadas y respaldadas por los insurrectos.

CRISIS

El levantamiento de mayo fue un suceso que sintetizó una serie de luchas que se exacerbaron acabada la contienda del Chaco.

Tres años de conflicto armado, la pérdida de 240.000 kilómetros cuadrados, el luto por la muerte de al menos 50 mil bolivianos y la llegada de excombatientes con daños físicos y psicológicos sumergieron al país en una situación de crisis.

Frente a ese contexto, el movimiento obrero y popular reorganizó sus filas. Sus reivindicaciones, en el fondo, fueron impulsadas por el desempleo, los bajos salarios, los despidos masivos y el aumento del costo de vida.

GÉNESIS

La cadena de protestas de los trabajadores comenzó en 1935 y culminó con la dimisión del liberal Tejada Sorzano, el 17 de mayo de 1936. Al respecto, Herbert Klein en su libro Orígenes de la revolución nacional realizó una cronología de los hechos.

La FOTO, en respuesta a la inflación y el alza de precios, en noviembre de 1935, solicitó al gobierno el aumento del 100 por ciento de salarios y rebaja de los precios de alquileres y de los artículos de consumo.

En diciembre, los mineros de Corocoro se movilizaron pidiendo aumento de sueldos. A la par, se activó una intensa convulsión social en todas las industrias y regiones del país ante la falta de trabajo y la subida de precios.

Las huelgas aumentaron en ritmo y proporciones, a inicios de 1936. En marzo, las obreras de la fábrica de tabacos demandaron jornales más altos.

DEVALUACIÓN

La crisis se agravó. El gobierno en vez de apagar la hoguera social, le echó más leña: dictó un “decreto de cambio único”. El peso boliviano se devaluó. Los trabajadores, los excombatientes, los inválidos, viudas y huérfanos de guerra fueron los más afectados. Y la bronca estalló.

En ese marco, la FOT, dirigida por Waldo Álvarez, envió al Poder Ejecutivo un pliego de peticiones que contempló la rebaja y libre importación de artículos de primera necesidad; el aumento del 100 por ciento de salarios; la rebaja de alquileres; la prohibición del trabajo nocturno; la suspensión del estado de sitio; garantías para la libertad de reunión, asociación, prensa y organización sindical; hogar para los mutilados e inválidos de guerra, y trabajo para los excombatientes.

El diario La República, el 15 de abril de 1936, informó que “la FOT preparaba un gran mitin”. Por falta de autorización de la prefectura, la protesta no se realizó.

Los dirigentes de la FOT, ante ese hecho, intentaron dialogar con el presidente. La República, el 25 de abril, relató que no se llegó a ningún acuerdo y que el jefe de Estado arguyó que la situación del país era “crítica”.

REBELIÓN

Las huelgas se agravaron el 1 de mayo. Los trabajadores judiciales de Cochabamba se movilizaron. Durante cuatro meses no percibían salarios. El matutino El Diario anunció que dieron un plazo de cinco días para el correspondiente pago, caso contrario el paro sería inminente.

El Sindicato Gráfico, el 10 de mayo, declaró huelga general. Su pliego de peticiones, que principalmente exigió el aumento salarial en un 100 por ciento, no fue atendido. Como nunca antes, todos los periódicos cerraron sus puertas entre el 10 y el 18 mayo. Los periodistas se sumaron a la lucha.

Frente al peligro de una revuelta, el gobierno expidió “un llamamiento militar” para “encuartelar al pueblo”. Luego, decidió “destruir de un sólo golpe al pueblo y al Ejército”. Se ordenó al jefe de las fuerzas armadas “hacer fuego sobre el pueblo si éste se mostraba partidario de la huelga”, narró La Calle, el 24 de junio de 1936.

Sin embargo, el Ejército acordó con los sindicalistas no intervenir en los problemas, mientras no ocurran actos de violencia. De ese modo, los propios huelguistas patrullaron la ciudad de La Paz para mantener el orden.

COMITÉ REVOLUCIONARIO

Esa protesta fue respaldada por la FOT, la Federación Obrera Local, el Partido Socialista (PS) y el Partido Republicano Socialista (PRS). La huelga, por ende, se radicalizó. El incremento de salarios se convirtió en una consigna general.

Cabe mencionar que la alianza formal entre el PS y la FOT fue concretada recién el 15 de mayo, en casa de Rodolfo Soriano. El pacto fue firmado por el entonces secretario de Gobierno del PS, Carlos Montenegro, Waldo Álvarez, Luis Gallardo y otros. “De allí salió vigoroso y unido el núcleo popular de la revolución, el mismo que dos días después llenó las calles de La Paz afirmando la nueva situación”, reveló el periódico La Calle, el 17 de mayo de 1937.

Inmediatamente, se formó un “Comité Revolucionario” integrado por Enrique Baldivieso, Carlos Montenegro, Carlos Romero, Víctor Alberto Saracho, Rodolfo Costas, Alberto Miranda, Max Atristain, José Unzueta, Rodolfo Soriano, Luis Iturralde Chinel, Armando Arce, Luis Ernst Rivera, César Méndez Baya, Arturo Prudencio, Víctor Méndez Baya, Rodolfo Subieta, René Calderón Ballivián, Walberto Aranibar, Walter Portillo, José Maceda, José Quisbert, Francisco Salgado, Lorenzo Flores, Nicolás Ballester, José Tamayo, Florencio Candia, Natalio Antezana, Augusto Guzmán, Enrique Costas, Antonio Campero Arce, Alberto Mendoza López, Miguel Ángel Céspedes, Armando Montenegro, Augusto Céspedes, Guillermo Alborta, N. Soria Galvarro, Felipe Tovar, Roberto Soriano, Rigoberto Armaza Lopera, Mario Diez de Medina, Nazario Pardo Calle, Prudencio Tovar, Moisés Álvarez, Jenaro Medrano, Adolfo Varela, Esteban Tórrez, German Sarabia y Tomás Pérez.

BANDERA ROJA

En ese marco, la noche del 16 de mayo el “Comité Revolucionario” comenzó una serie de tomas. Primero, ocupó el Club de la Unión, “local de la aristocracia cuya fortuna era mayor a medio millón de pesos”. En el lugar se izó una “bandera roja”. En seguida, cercó la alcaldía y colocó “un cordón de tendencia política (…) estableciendo un ensayo pintoresco de organización bolchevique”; esos espacios fueron los cuarteles de reunión de los partidos de “extrema izquierda”, rememoró La República, el 19 de mayo.

Pablo Estefanoni, en su investigación Los inconformistas del centenario, relató la manera cómo el escritor Alcides Arguedas detalló ese hecho en su Diario íntimo. Sucede que ese 18 de mayo, Arguedas fue con su hija, a las once de la mañana, al paseo del Prado. Al pasar, “vieron flamear la bandera roja” en el Club de la Unión, donde se podía leer la inscripción “Comité Revolucionario”, escrito –según Arguedas– “con tinta sobre una banda blanca de percal y con letras irregulares, letras de artesano primario que no tiene ni la costumbre ni el gusto de escribir y trazar caracteres”.

DESENLACE

Una comisión de militares, la mañana del 17 de mayo, le exigió a Tejada Sorzano su dimisión. Él firmó su renuncia. Acto seguido, se dictó un decreto que designó una Junta Mixta de Gobierno. Germán Busch fue designado “presidente provisional”, hasta el retorno de David Toro, quién fue posesionado como jefe de Estado, tres días después.

En la tarde, el nuevo régimen negoció con los insurrectos. Waldo Álvarez, en su libro Memorias del primer ministro obrero, afirmó que Busch aceptó todas las demandas del pliego de peticiones.

Las federaciones obreras, el 18 de mayo, ordenaron que “todos los empleados, trabajadores del comercio, la Industria, bancos, ferrocarriles y transportes, vuelvan a sus respectivas labores de inmediato”.

La normalidad retornó al país.

LEGADO

El levantamiento fue recordado por varios años. El 17 de mayo fue declarado “feriado nacional”. En 1937, se desarrolló un programa de festejos. Una diana a cargo de la banda del Ejército, un “match interdepartamental” de fútbol (Ingenieros Oruro vs. Alianza), la inauguración del Museo Militar, la concentración “socialista” y las verbenas populares fueron algunos de los eventos que matizaron el homenaje.

Por su parte, el gobierno autorizó la emisión de estampillas conmemorativas. La Calle, el 7 de mayo de 1937, informó que se acuñarían “monedas de nikel” de 10 centavos destinadas a rememorar la “revolución”.

Las conquistas de mayo hicieron temblar a la oligarquía liberal y fueron un referente para la insurrección obrera y campesina de abril de 1952.

Grecia Gonzales Oruño es Comunicadora Social

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

FUENTE: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=255976

Días vibrantes y revolucionarios en Bolivia, aquellos cuando Camiri apenas tenía meses de haberse fundado. La importancia de la guerra del Chaco en todo estos cambios fue crucial.

Xel

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Empresas estatales y modelo de desarrollo

En tono solemne y casi como anunciando un deceso, el 29 de agosto de 1985 el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro, en un intento de justificar su programa neoliberal, anunció que “Bolivia se nos muere”. Casi 34 años después, la realidad muestra que él se equivocó, ya que Bolivia crece con otro modelo que combina lo estatal/privado/asociativo/comunitario/cooperativo y permite la redistribución de la riqueza.

Paz Estenssoro implementó la Nueva Política Económica (NPE) vía Decreto 21060, que introdujo el neoliberalismo a Bolivia. En su discurso leído en cadena nacional, se sometió al juicio del tiempo al asegurar que su apuesta bien podría dar frutos o “contribuir a aumentar la desgracia” de millones de bolivianos.

Su segunda apreciación (aumentar la desgracia del pueblo) se hizo realidad, ya que miles de trabajadores fueron despedidos, el empleo se sometió a la libre contratación  y se produjo la enajenación de empresas públicas con su secuela de la mal llamada capitalización y la democracia pactada.

Esa larga noche neoliberal duró hasta 2005 y mostró indicadores escuálidos de crecimiento, salario y pobreza.

Por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB) registró tasas negativas en 1985 y 1986. En todo el período neoliberal (1985-2005) el promedio de crecimiento fue de apenas  3,0%.

El promedio del salario mínimo nacional fue de tan solo Bs 235 (1986-2005), mientras que en 2000 la pobreza extrema llegó hasta el 45,2%.

En 2005, el pueblo boliviano decidió optar por otro modelo y por otros representantes para la administración del Estado. Es así que votó (53,7%) por el presidente Evo Morales, quien impulsa la Revolución Democrática y Cultural, el Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, y el paradigma del Vivir Bien inspirado en nuestros ancestros.

Los resultados verificables de dicho modelo son crecimiento económico, disminución de la pobreza, inclusión social, estabilidad social y política, redistribución de la riqueza, incremento salarial real, entre otros aspectos.

Por ejemplo, el promedio de crecimiento del PIB (es decir la riqueza que produce el país en un año) fue de 4,9% entre 2006 y 2017. Vale decir que la expansión fue mucho mayor que en el período neoliberal inspirado en el modelo de Paz Estenssoro.

El salario mínimo nacional se “disparó” hasta llegar a Bs 2.122.

Bolivia se situó entre los países de la región que más redujo la pobreza moderada y extrema en los últimos años, incluida la desigualdad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cifras, la pobreza extrema se redujo en más de la mitad, de 38,2% en 2005 a 15,2% en 2018, indica el INE.

Otra de las características del modelo es el fortalecimiento del Estado, de las empresas estatales.

Las estatales se encuentran fortalecidas y generan el 39% de los ingresos del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2019.

En el período 2006-2017, el conjunto de las empresas públicas generó Bs 51.000 millones de utilidades, recursos que permitieron cubrir el pago de bonos sociales e iniciar y consolidar proyectos de industrialización de los recursos naturales.

Recientemente, se informó que la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) registró utilidades por Bs 13 millones. Una parte de ese dinero fue a los bonos sociales. Estos indicadores muestran que el modelo neoliberal se equivocó y que Bolivia está en crecimiento y en pleno salto a la industrialización gracias al modelo impulsado por el Jefe de Estado.

Se implementaron y consolidaron más de 60 empresas públicas que empezaron a generar ingresos en mayor y menor escala.

Publicado en la editorial del periódico CAMBIO

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FUENTE: http://escuelanacionaldeformacion.blogspot.com/2019/05/empresas-estatales-y-modelo-de.html

A estas alturas se puede concluir y ver claramente que los gobiernos neoliberales (1985 – 2005) montaron una campaña mediática masiva para mentir y engañar al pueblo boliviano con el objetivo de robarle con el Proceso de Capitalización y Privatización.  Una mentira que nos tragamos anzuelo y todo en Camiri, por ejemplo: que YPFB, la antigua YPFB, es decir ‘papá yacimientos’ estaba llena de corrupción, que no era viable, que ya no producía nada y que no había más opción que despedazarla y venderla. Sabemos que allí se cansaron de robar y luego los mismos ayudaron a enajenarla (MNR, MIR, UCS, ADN). Lo que no sabemos es que esa corrupción fue permitida y hasta promovida con un objetivo premeditado, introducir el modelo neoliberal en Bolivia.

Hoy después de aquellos fatídicos y nefastos días de la capitalización que tanta repercusión tuvo y tiene para el futuro de Camiri.  La nueva YPFB Corporación, se levantó y es hoy la primer empresa pública estatal que otra vez sostiene en grán medida a todos los bolivianos.

¿Que pasó? ¿Nos engañaron? ¿O fuimos cómplices o víctimas de las falacias de los gobiernos vendepatrias?

Hagamos cuentas: ¿Quién salió perdiendo de la Capitalización?

Probablemente hayamos sido más víctimas porque la campaña de desinformación era masiva y la totalidad de medios de comunicación de ese entonces decían y repetían la misma mentira, ellos fueron sus cómplices. Los mismos que hoy son conocidos como el #CarteldelaMentira (Erbol, EL Deber, Panamericana, Radio SantaCruz, Fides, PAT, RedUno, Unitel, Página7, Los Tiempos, El DIA, etc.)

Se dan cuenta que la gran diferencia está en la gestión de un gobierno que ama a Bolivia y aquellos que solo quieren enriquecerse robandole, robandonos?

Se dan cuenta de la importancia de estar bién informados, de reflexionar y tomar conciencia de nuestra realidad independientemente de la ideología política que tengan, para luego decidir y elegir a nuestros mejores gobernantes, para no ser engañados, otra vez?

Sin embargo, la larga noche neoliberal ocasionó algo positivo e inesperado a nivel nacional: eliminó o minimizó el regionalismo entre cambas y collas.  Y esto ocurrió con la migración forzada llamada relocalización de trabajadores mineros de la región andina hacia los valles y llanos.  Y paradojicamente esa relocalización y la represión del estado neoliberal contra los movimientos sociales generó las condiciones para el surgimiento de un nuevo lider en el chapare, un lider que lo cambiaría todo.

‘EL ROBO’, película documental sobre el asalto y saqueo a Bolivia

Xel

Mayo 14, año 83 DFC

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Los enredos de Carlos Mesa y la sospecha de narcovínculos

Debemos recordar que Carlos Mesa no es cualquier persona, es un candidato a la presidencia de Bolivia. Un candidato que dice tener una credibilidad intachable e incuestionable,…hasta ahora. Comenzó el caso #MesaGate?
Se descubrió una extraña relación económica con un policía narco acusado y no sabe o no quiere dar explicaciones claras, solo trata de evadirlas tratando de atacar políticamente a su oponente.  Utiliza su candidatura como si fuera un escudo que le dá inmunidad ante la justicia.


Tal parece que la cosa además de narcovínculos y/o lavado de dinero, tiene que ver con evasión de impuestos:

Si se comprueba que defraudó impuestos, chao candidatura de Mr. Carlos D. Mesa, quizá por esto es que el mojón con cara alias ‘Milhouse’ Ortíz también le pide explicaciones.

Tranquilo Milhouse, aqui dicen que Mesa no irá a la cárcel por evasión impositiva, pero tendrá que cambiar el eslogan de su campaña electoral contra la corrupción y exigiendo transparencia, porque se quedó sin crédito.

La plata narco sobre la Mesa

Xel

Mayo 5, año 83 DFC

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